España espera usar solo unos 60.000 millones de los 100.000 millones de euros de ayuda prevista por el fondo de rescate europeo para la banca española, dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos en una entrevista publicada el lunes por el International Herald Tribune (IHT).

De Guindos dice que solo se usará una parte del rescate para la banca
España espera usar solo unos 60.000 millones de los 100.000 millones de euros de ayuda prevista por el fondo de rescate europeo para la banca española, dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos en una entrevista publicada el lunes por el International Herald Tribune (IHT).


Lunes, 27 de Agosto de 2012 - 7:48 h.
En la entrevista, realizada el jueves pasado en el despacho del titular de Economía en Madrid, D Guindos también señaló que España podría hacer nuevos esfuerzos de ajuste a cambio de la compra de bonos soberanos por parte del Banco Central Europeo (BCE) destinada a aliviar la presión sobre los costes de financiación de la deuda española.
"El Gobierno español acepta que la intervención del BCE en el mercado secundario no relaje el esfuerzo de consolidación fiscal y deberíamos reasegurar al BCE que vamos a cumplir nuestros compromisos," dijo el ministro.
La Comisión Europea respaldó el viernes que el Gobierno español haya retrasado al próximo viernes 31 de agosto la aprobación del decreto ley de resolución ordenada de entidades financieras que dará más poderes al FROB a la hora de intervenir y liquidar las que tengan problemas, que en principio principio estaba prevista para ese día, porque resulta "muy importante" que la reforma financiera se haga "bien". La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo ha decidido retrasar una semana la aprobación del decreto ley a petición de Bruselas. "La Comisión Europea nos ha pedido una semana más para analizarlo conjuntamente y se aprobará el próximo viernes", aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo comunitario ha acordado con el Gobierno español este retraso porque entiende que esta legislación es "muy importante hacerla bien", ha explicado a Europa Press el portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Simon O´Connor. "Este calendario ha sido acordado con la Comisión. Tal y como se contempla en el Memorando de Entendimiento, estamos en estrecho contacto con las autoridades españolas mientras preparan esta legislación, que es muy importante hacerla bien", ha explicado el portavoz. Sáenz de Santamaría ha asegurado que "no hay puntos de discrepancia" entre Bruselas y el Gobierno español sobre el real decreto, pero incidió en que sí hay "voluntad de analizar bien" la norma para garantizar "el mejor diseño", motivo por el cual el Gobierno ha aceptado retrasar su aprobación a la semana que viene. "Se lo hemos concedido", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, que ha considerado "lógico" que tanto la Comisión Europea como el conjunto de Estados de la UE "participen en el diseño de un sistema que no es fácil". "Si son los europeos los que ponen el dinero para nuestros bancos, es bueno abordar con ellos el procedimiento de cómo se va a hacer", argumentó. CONDICIONES El marco normativo que debe aprobar el Gobierno para reforzar los poderes del FROB para intervenir en las entidades bancarias problemáticas y poder liquidar las que se constate que son inviables es una de las tres condiciones pactadas a cambio del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado por el Eurogrupo el 20 de julio para apoyar la recapitalización de las entidades españolas y que debe aprobarse como muy tarde a finales de agosto. Las otras dos condiciones que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe cumplir es aprobar otro marco normativo para crear una sociedad de gestión de activos de las entidades financieras o banco malo y otra legislación que regule las responsabilidades de los propietarios de títulos de capital híbrido y subordinados, que también deberán asumir pérdidas para costear la reestructuración del sector, tal y como recoge el memorando de entendimiento, que exige la aprobación de estas normas como fecha límite a finales de agosto. "Los activos problemáticos de los bancos ayudados deben retirarse rápidamente de las hojas de balance de sus bancos. Esto se aplica, en particular, a los préstamos relacionados con el Desarrollo Inmobiliario (RED) y los activos adjudicados como dación en pago. En principio, también se aplicará a otros activos si y cuando se dan señales de un fuerte deterioro en su calidad", según recoge el Memorando de Entendimiento. El Gobierno español también se ha comprometido a aprobar legislación antes de finales de mes para "introducir un ejercicio de responsabilidad subordinada efectiva", que permita imponer de forma "voluntaria" y cuando sea necesario "obligatoria" una quita en el valor de los títulos de capital híbrido y subordinados, incluidas las preferentes. MÁS ALLÁ DEL BANCO MALO La vicepresidenta del Gobierno ha dejado claro que el decreto va mucho más allá de regular la creación del banco malo, sociedad de gestión de activos a la que se transferirán los activos tóxicos del ladrillo de las entidades financieras, tal y como figura en el memorando. Entre otras medidas, la norma refuerza el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la presencia del Gobierno en el mismo, para intervenir de forma temprana en entidades en aras de garantizar su viabilidad y solvencia con el fin de preservar la estabilidad financiera y económica. El decreto amplía los poderes del FROB en cuanto a la liquidación de entidades inviables, y regula las actuaciones en los procesos de resolución y de concurso que contemplan la venta de parte o la totalidad de las entidades bajo administración del organismo. Se considerará inviable una entidad si es "razonablemente previsible que en un futuro próximo" vaya a incumplir de forma significativa los requisitos de solvencia, que sus pasivos superen a sus activos, o que no será capaz de cumplir puntualmente con sus obligaciones exigibles. Por otra parte, se endurecen los requisitos de solvencia a la banca al elevar las exigencias de capital principal al 9% antes de enero de 2013, se recoge una solución para los tenedores de participaciones preferentes a cambio de una quita, y se establecen limitaciones a la comercialización de las mismas. Asimismo, se reduce el sueldo máximo de los gestores de entidades con ayudas públicas desde 600.000 a 500.000 euros, según el borrador del real decreto al que tuvo acceso Europa Press.

 

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