Julian Flores Garcia Segurpricat

Julian Flores Garcia Segurpricat
Julian Flores Garcia Director Segurpricat

domingo, 22 de julio de 2012

Los vientos que soplan nos hacen pensar que seremos parte activa del guión establecido, pues según indicaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afectará a la Seguridad Privada.



SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional

SEGURPRICAT pone a su disposición como consultores de seguridad internacional e Inteligencia su experiencia internacional y formación en el analisis de riesgos en seguridad para que pueda toma la decisión màs adecuada a sus necesidades, disponemos de formación multidisciplinar, talento, inteligencia y creatividad para colaborar con eficiencia y eficacia en sus proyectos internacionalización de su empresa, porque nadie ignora que la implantación en el mercado exterior no se improvisa.


MI DESEO... UNA PROFUNDA Y EFICIENTE REFORMA DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA
Ana Borredá, directora general de SeguritecniaVivimos en primera persona cómo el Gobierno acomete un importante proceso de reformas en España, cuyo calado no termina de poner de acuerdo al tendido, ya que unos lo consideran más profundo que otros. En este calificado como “necesario” transcurso, se avista una inminente eclosión, que traerá consigo un cambio esperanzador que nos toca de lleno, amigos, pues en el punto de mira se encuentra la Seguridad. Se trata de una metamorfosis que busca satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestro país en ese aspecto, persiguiendo como leitmotiv la mejora y la adecuación del mismo en los ámbitos susceptibles de ello. Los vientos que soplan nos hacen pensar que seremos parte activa del guión establecido, pues según indicaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afectará a la Seguridad Privada.
Qué oportuno y qué oportunidad representa este proceso, que será realidad si se hacen buenos los pronósticos y, finalmente, se plasma en la normativa mediante una disposición con rango de Ley que tenga en cuenta, en primer lugar, la necesidad de cambios en la regulación del sector; pues, en Seguridad, en estos últimos 20 años han variado tantas cosas que parece que hablamos de una eternidad. En segundo lugar, el lance es trascendente porque la situación impone un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles, y aquí hay que poner de relieve que la integración de los servicios privados y los del Estado en cuestión de Seguridad es una imposición de la Estrategia Española de Seguridad.
Sería una pena que ese impulso reformista se quedara en cuestiones de matiz para resolver problemas coyunturales, que urgen primordialmente por situaciones sobrevenidas de los efectos de la crisis. Por el contrario, es el momento de abordar decididamente el diseño de un nuevo modelo de Seguridad Privada, que permita la más eficiente explotación de su potencial y su mejor integración con la Seguridad Pública.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada han cambiado muchas cosas, y una de ellas es la irrupción del usuario como responsable y generador de su propia protección. El potencial que tiene este actor de contribuir al conjunto de la Seguridad Nacional debe ser contemplada y se le deben facilitar los instrumentos adecuados para esta importante tarea.
El I Plan Integral de Colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las empresas de Seguridad Privada –con las finalidades de establecer mecanismos de colaboración más eficaces del sector con la Seguridad Pública, la adaptación a la normativa europea y la mejora de la calidad del servicio– debe contemplar sin duda a las compañías proveedoras que se dedican a esta actividad, pero es deseable que vaya mucho más allá y tenga en cuenta al usuario. Además, es conveniente tener muy presente que entre las empresas habrá que incluir a las que prestan servicios de seguridad lógica, toda vez que las amenazas y riesgos cibernéticos, así como las interdependencias y conexiones entre las infraestructuras esenciales de nuestra nación, son una realidad imparable.
La Ley para la Protección de las Infraestructuras Críticas (“Ley PIC”) sitúa al operador de estas infraestructuras como el responsable y organizador de su propia seguridad. En consecuencia, es necesario desarrollar un nuevo marco que lo facilite. En base al contenido de la “Ley PIC”, el director de Seguridad es el instrumento ideal para garantizar la perfecta integración de los sistemas privados con la Seguridad Pública. Pero, además de esta importante tarea, deberá gestionar los riesgos y amenazas globales de la organización y el resto de funciones de seguridad que desarrolla la empresa privada, para lo que se requiere una figura especialmente cualificada.
En este sentido, se hace necesario plantear una formación adecuada a este nuevo perfil, que sin duda debe pasar por un grado universitario en seguridad. Este mundo tan complejo, con amenazas tan variadas y necesidades tan cambiantes de protección, requiere que no sólo el director de Seguridad sino todo el personal de seguridad privada reciban una formación que les proporcione la cualificación necesaria, y más cuando parece que se avecinan nuevas funciones.
Si este extremo es vital, no podemos olvidar la necesaria protección jurídica con la que se debe dotar a dicho personal, que a su vez implicará nuevas responsabilidades. Por tanto, todo converge en la necesidad de una reforma en profundidad.
Por otro lado, la seguridad de ciertas infraestructuras o servicios esenciales exige tal nivel de profesionalidad que sólo podemos encomendársela a los proveedores que ofrezcan garantías suficientes de calidad en el servicio, aspecto que hace necesaria una profunda revisión de las reglas de juego que deberían regir entre los prestadores de servicios y en la industria de la seguridad. Para ello, debe crearse un marco que permita seleccionar a los mejores para los servicios importantes, entre los que hay que incluir los que se realizan para la propia Administración del Estado, por su carácter ejemplarizante.
Por último, como eje central y pilar del sistema, dada la importancia cuantitativa y cualitativa de los servicios privados, será preciso establecer mecanismos de coordinación al mismo nivel en que se produce la de los Cuerpos de Seguridad pública. Se impone así la necesidad de un Centro Nacional de Coordinación de Seguridad Privada, incardinado en la Secretaría de Estado de Seguridad, que identifique los servicios privados y facilite su integración con los públicos.
Porque, en beneficio de la Seguridad Nacional, más allá de una perfecta coordinación, hay que llegar a la integración efectiva de los servicios privados con los públicos, lo que corresponderá a cada Cuerpo policial en sus respectivos ámbitos de actuación. Igualmente, no habría que descuidar ni relajar el necesario control de las actividades privadas de seguridad, como marca la actual normativa y de hecho se hace en la actualidad.
Creo que si la nueva Ley de Seguridad Privada contemplara estos extremos, y mi deseo se hiciera realidad, se conseguirían integrar todos los servicios de seguridad para alcanzar las mejores cotas de eficacia al menor coste, en un marco de actuación que permitiría explo
tar al máximo las capacidades de la Seguridad Privada.