Congreso avala que agentes privados vigilen el exterior de las cárceles Noticias EFE La comisión de Interior h

Congreso avala que agentes privados vigilen el exterior de las cárceles

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La comisión de Interior ha avalado hoy la posibilidad de que agentes de seguridad privada lleven a cabo labores de vigilancia en los perímetros de las cárceles bajo tutela y supervisión del respectivo cuerpo de seguridad del Estado o de la Comunidad Autónoma que tenga atribuidas esas competencias.

Así lo ha recogido hoy una Proposición No de Ley presentada por CiU que ha contado con el apoyo del PP, grupo que ha introducido una enmienda "in voce" al texto original en la que ha remarcado que la vigilancia del exterior de los penales se debe desarrollar "siempre bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública".

En su propuesta, CiU señala que en un momento de austeridad en el gasto y de restricciones en la contratación de nuevo personal al servicio de la administración pública, es posible, "también en seguridad", un mejor aprovechamiento de las "sinergias" entre los ámbitos privado y público.

CiU recalca que los vigilantes privados de los perímetros de los centros penitenciarios deben "seguir en todo momento las instrucciones" de las fuerzas de seguridad.

El modelo propuesto, señala la PNL, es similar al establecido para la vigilancia y seguridad aeroportuaria y para los edificios públicos.

El diputado popular Conrado Escobar ha explicado que la nueva atribución de los agentes privados requiere la modificación de leyes orgánicas y ha enmarcado la medida dentro de la reforma de la Ley de Seguridad Privada.

El PSOE e IU han rechazado la propuesta porque, a su juicio, supone la "privatización de una parte de la seguridad pública" y "solo beneficiará a las empresas privadas".

Durante el debate, el diputado socialista José Zaragoza ha señalado que la sustitución de funcionarios públicos preparados originará un "perjuicio" y ha rechazado que la medida constituya un ahorro ya que, ha afirmado, supone "un desplazamiento de los beneficios a empresas privadas".

La comisión ha instado también al Ejecutivo a elaborar una nueva ley de seguridad privada que responda a los principios de coordinación y subordinación con la seguridad pública con respeto a la intimidad, honor y confidencialidad de datos, sin menoscabo de las funciones propias de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en coordinación con las comunidades autónomas.

La petición está recogida en una enmienda transaccional pactada entre PP y PSOE y a la que se ha sumado CiU.

También ha quedado aprobada por la comisión una Proposición No de Ley del PP relativa a la protección del patrimonio histórico artístico frente al expolio y la exportación ilegal.

Por el contrario, han sido rechazadas sendas propuestas de la Izquierda Plural (IP) y del Grupo Mixto que han reclamado actuaciones para que los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado lleven de forma "visible y clara" sus números de identificación durante sus actuaciones en acciones de protesta.

Asimismo han solicitado la adopción de las medidas oportunas para posibilitar la grabación de las actuaciones policiales en las manifestaciones y en dependencias policiales.

El PP ha justificado el rechazo a ambos planteamientos en que la mayoría de estas propuestas "ya tienen regulación" o "son de imposible cumplimiento" por razones de orden formal o jurídico.

A juicio del diputado popular Francisco Márquez de la Rubia, la iniciativa de IP evidencia una actitud "prejuiciosa" en su enunciado al hablar de "represión policial en movilizaciones ciudadanas" que "no es de recibo".

Márquez ha señalado que las actuaciones policiales en espacios públicos están reguladas por "leyes orgánicas", algo que impide que se haga a través de un protocolo como solicitaba IP y ha recalcado que existe una "profusa normativa" respecto a la identificación de los agentes.

A este respecto, ha recordado que han circulado vídeos en las redes sociales sobre la identificación previa de los agentes que iban a intervenir en una concentración para que pudieran "ser objeto de mayores o menores represalias" por parte de los manifestantes.

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