RECONOCIMIENTO TITULACIONES PROFESIONALES DE SEGURIDAD PRIVADA POR NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA


Borrador del Proyecto de Orden Ministerial sobre reconocimiento de titulaciones profesionales de seguridad privada, obtenidas por los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

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Julian Flores Garcia
Consultor Internacional de Seguridad

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La Ley 23/92 de Seguridad Privada, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, recoge en su artículo 10, la posibilidad de desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España por parte de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo.

Por lo tanto, en el marco de la libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea, el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, en ejecución de la misma Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, modificó el Reglamento de dicha Ley de Seguridad Privada, añadiendo un nuevo artículo, el 55 bis, en el que se determinan los requisitos y el procedimiento que deben cumplir los nacionales de dichos Estados para realizar esta actividad en España, así como la posibilidad de suplir la carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de estas actividades con la aplicación de medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

A efectos de este reconocimiento, que corresponde efectuar al Ministerio del Interior, deberá tenerse en cuenta, según se establece en el punto 2 del citado artículo 55 bis, lo previsto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Dicha normativa está compuesta por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, modificada por Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, que dedica su artículo 8, expresamente, al reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales; por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el que se establecen las cualificaciones profesionales de vigilancia y seguridad privada, y control y protección del medio natural, dentro de la familia profesional de seguridad y medio ambiente; por el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación profesional del sistema educativo; por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, el procedimiento para evaluar y acreditar la formación adquirida y las cualificaciones profesionales que conforman las diferentes ofertas reguladas en los citados Reales Decretos; y, por último, por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en el que se regulan, en su Anexo VIII, determinadas profesiones relacionadas con la Seguridad Privada, a efectos de su inclusión en el ámbito de aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones, al tiempo que señala al Ministerio del Interior como Autoridad competente española. Dichas profesiones son: director de seguridad, guarda particular del campo (especialidades guarda de caza y guardapesca marítimo), jefe de seguridad, vigilante de seguridad (con sus especialidades escolta privado y vigilante de explosivos) y detective privado.

Recogiendo el espíritu de ambas Directivas, que se incorporan al ordenamiento jurídico español a través de dicho Real Decreto, el cual señala que no tiene por objeto interferir con el interés legítimo de los Estados miembros en impedir que algunos de sus ciudadanos puedan sustraerse, de una manera abusiva, de la aplicación del Derecho nacional en materia de profesiones, y teniendo en cuenta el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, y dado que el proceso de reconocimiento, evaluación y acreditación de la competencia, establecido en el mismo, pudiera dilatarse ampliamente en el tiempo, por parte del Ministerio del Interior, como Autoridad competente, se considera conveniente establecer un procedimiento de reconocimiento de titulaciones profesionales de Seguridad Privada.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora tales Directivas al ordenamiento jurídico español, lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado español.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representaBorrador del Proyecto de Orden Ministerial sobre reconocimiento de titulaciones profesionales de seguridad privada, obtenidas por los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

La Ley 23/92 de Seguridad Privada, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, recoge en su artículo 10, la posibilidad de desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España por parte de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo.

Por lo tanto, en el marco de la libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea, el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, en ejecución de la misma Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, modificó el Reglamento de dicha Ley de Seguridad Privada, añadiendo un nuevo artículo, el 55 bis, en el que se determinan los requisitos y el procedimiento que deben cumplir los nacionales de dichos Estados para realizar esta actividad en España, así como la posibilidad de suplir la carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de estas actividades con la aplicación de medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

A efectos de este reconocimiento, que corresponde efectuar al Ministerio del Interior, deberá tenerse en cuenta, según se establece en el punto 2 del citado artículo 55 bis, lo previsto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Dicha normativa está compuesta por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, modificada por Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, que dedica su artículo 8, expresamente, al reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales; por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el que se establecen las cualificaciones profesionales de vigilancia y seguridad privada, y control y protección del medio natural, dentro de la familia profesional de seguridad y medio ambiente; por el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación profesional del sistema educativo; por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, el procedimiento para evaluar y acreditar la formación adquirida y las cualificaciones profesionales que conforman las diferentes ofertas reguladas en los citados Reales Decretos; y, por último, por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en el que se regulan, en su Anexo VIII, determinadas profesiones relacionadas con la Seguridad Privada, a efectos de su inclusión en el ámbito de aplicación del sistema de reconocimiento de cualificaciones, al tiempo que señala al Ministerio del Interior como Autoridad competente española. Dichas profesiones son: director de seguridad, guarda particular del campo (especialidades guarda de caza y guardapesca marítimo), jefe de seguridad, vigilante de seguridad (con sus especialidades escolta privado y vigilante de explosivos) y detective privado.

Recogiendo el espíritu de ambas Directivas, que se incorporan al ordenamiento jurídico español a través de dicho Real Decreto, el cual señala que no tiene por objeto interferir con el interés legítimo de los Estados miembros en impedir que algunos de sus ciudadanos puedan sustraerse, de una manera abusiva, de la aplicación del Derecho nacional en materia de profesiones, y teniendo en cuenta el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, y dado que el proceso de reconocimiento, evaluación y acreditación de la competencia, establecido en el mismo, pudiera dilatarse ampliamente en el tiempo, por parte del Ministerio del Interior, como Autoridad competente, se considera conveniente establecer un procedimiento de reconocimiento de titulaciones profesionales de Seguridad Privada.

La presente disposición ha sido sometida al procedimiento de notificación en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, y en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, que incorpora tales Directivas al ordenamiento jurídico español, lo cual, aparte de la tramitación prevenida en las disposiciones mencionadas, determina la incorporación de una disposición adicional destinada a hacer jurídicamente posible el uso o consumo en España de productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, u originarios de otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuyas condiciones técnicas y de seguridad sean equivalentes a las exigidas por las normas vigentes en el Estado español.

De igual forma, la presente disposición ha sido sometida al trámite de audiencia de las entidades representativas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

Articulo 1. Objeto

La presente disposición tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento en España de las habilitaciones o autorizaciones administrativas para ejercer las profesiones de seguridad privada en los Estados miembros de la Unión Europea o Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, obtenidas en alguno de dichos Estados por los nacionales de estos países, así como establecer las medidas compensatorias y las pruebas de aptitud aplicables.

Artículo 2. Destinatarios

Son destinatarios los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo y pretendan desarrollar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España.

Artículo 3. Solicitud

1. Quienes deseen el reconocimiento de su habilitación o cualificación profesional en seguridad privada por parte de las autoridades españolas, lo solicitarán a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en sus respectivos ámbitos, mediante la cumplimentación y presentación del formulario establecido al efecto.

2. Las solicitudes de reconocimiento se formalizarán ante la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, o del Servicio de Protección y Seguridad del Cuerpo de la Guardia Civil, para el caso de los guardas particulares del campo y especialidades.

3. Igualmente, se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, una vez que este procedimiento se incluya en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, de la Guardia Civil.

4. En todo caso, a la solicitud se acompañará autorización para consulta y verificación de los requisitos generales y específicos en el Sistema de Información del Mercado Interior, así como de los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes.

Articulo 4. Requisitos

1. Los solicitantes habrán de reunir y acreditar los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 55 bis del Reglamento de Seguridad Privada.
2. Además de los anteriores, los solicitantes habrán de reunir y acreditar los siguientes requisitos específicos:

  1. Inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
  2. Certificado de Profesionalidad expedido por la Autoridad competente española.
  3. Estar en posesión de alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en alguno de dichos Estados.
  4. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones correspondientes.
  5. Poseer los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.
  6. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

Articulo 5. Medidas compensatorias

1. En caso de carencia o insuficiencia de los conocimientos y aptitudes contemplados en los apartados e) y f) del punto 2 del artículo anterior, los solicitantes deberán someterse a las medidas compensatorias previstas en este artículo.

2. Para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo y sus respectivas especialidades, las medidas compensatorias consistirán en la realización de una de las dos pruebas siguientes:

  1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.

  1. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

3. Para jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados, las medidas compensatorias consistirán en la realización y superación de un examen ante la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Articulo 6. Acreditación profesional

1. A quienes soliciten el reconocimiento de su habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos establecidos en esta Orden, se les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas funciones en España.

2. Para la expedición de la tarjeta de identidad profesional, se verificarán los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes.




Disposición transitoria única. Carencia de Certificados de Profesionalidad.

1. No se exigirán los Certificados de Profesionalidad hasta que estos sean expedidos por la Autoridad Competente en España.

2. Hasta que la Autoridad Competente española elabore los correspondientes Certificados de Profesionalidad, y, en todo caso, cuando se carezca de los requisitos establecidos en los puntos e) y f) del apartado 2 del artículo 4 de esta Orden, los solicitantes deberán someterse a las respectivas medidas compensatorias referidas en el artículo 5 de la presente disposición.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

tivas de los sectores económicos y sociales interesados, así como al conocimiento de la Comisión Nacional de Seguridad Privada, habiéndose tenido en cuenta las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas a través de dichos trámites.

En su virtud, dispongo:

Articulo 1. Objeto

La presente disposición tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento en España de las habilitaciones o autorizaciones administrativas para ejercer las profesiones de seguridad privada en los Estados miembros de la Unión Europea o Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, obtenidas en alguno de dichos Estados por los nacionales de estos países, así como establecer las medidas compensatorias y las pruebas de aptitud aplicables.

Artículo 2. Destinatarios

Son destinatarios los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo y pretendan desarrollar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España.

Artículo 3. Solicitud

1. Quienes deseen el reconocimiento de su habilitación o cualificación profesional en seguridad privada por parte de las autoridades españolas, lo solicitarán a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, en sus respectivos ámbitos, mediante la cumplimentación y presentación del formulario establecido al efecto.

2. Las solicitudes de reconocimiento se formalizarán ante la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, o del Servicio de Protección y Seguridad del Cuerpo de la Guardia Civil, para el caso de los guardas particulares del campo y especialidades.

3. Igualmente, se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, una vez que este procedimiento se incluya en el anexo de la Orden INT/3516/2009, de 29 de diciembre, por la que se crea un registro electrónico, en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, o, en su caso, de la Guardia Civil.

4. En todo caso, a la solicitud se acompañará autorización para consulta y verificación de los requisitos generales y específicos en el Sistema de Información del Mercado Interior, así como de los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes.

Articulo 4. Requisitos

1. Los solicitantes habrán de reunir y acreditar los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 55 bis del Reglamento de Seguridad Privada.
2. Además de los anteriores, los solicitantes habrán de reunir y acreditar los siguientes requisitos específicos:

  1. Inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
  2. Certificado de Profesionalidad expedido por la Autoridad competente española.
  3. Estar en posesión de alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en alguno de dichos Estados.
  4. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones correspondientes.
  5. Poseer los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.
  6. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

Articulo 5. Medidas compensatorias

1. En caso de carencia o insuficiencia de los conocimientos y aptitudes contemplados en los apartados e) y f) del punto 2 del artículo anterior, los solicitantes deberán someterse a las medidas compensatorias previstas en este artículo.

2. Para vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo y sus respectivas especialidades, las medidas compensatorias consistirán en la realización de una de las dos pruebas siguientes:

  1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.

  1. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

3. Para jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados, las medidas compensatorias consistirán en la realización y superación de un examen ante la Unidad Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Articulo 6. Acreditación profesional

1. A quienes soliciten el reconocimiento de su habilitación, previa comprobación de que reúnen los requisitos establecidos en esta Orden, se les expedirá, como documento público de acreditación profesional, la correspondiente tarjeta de identidad profesional, que les habilitará para el ejercicio de las respectivas funciones en España.

2. Para la expedición de la tarjeta de identidad profesional, se verificarán los datos de carácter personal, aportados por los solicitantes, en las bases de datos correspondientes.




Disposición transitoria única. Carencia de Certificados de Profesionalidad.

1. No se exigirán los Certificados de Profesionalidad hasta que estos sean expedidos por la Autoridad Competente en España.

2. Hasta que la Autoridad Competente española elabore los correspondientes Certificados de Profesionalidad, y, en todo caso, cuando se carezca de los requisitos establecidos en los puntos e) y f) del apartado 2 del artículo 4 de esta Orden, los solicitantes deberán someterse a las respectivas medidas compensatorias referidas en el artículo 5 de la presente disposición.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo

El Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

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