AMBITO COMPETENCIAL GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO


ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO.
FUNCIONES.

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Julian Flores Garcia
Consultor Internacional de Seguridad

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En contestación a una consulta de una Unidad de la Guardia Civil en relación
a las cuestiones que se reseñan, a continuación se transcribe cada una de
ellas, con las consideraciones que también se señalan:
Respecto a la primera cuestión:
Pueden los Guardas de Caza (Especialidad de Guarda Particular del
Campo), intervenir las armas, artes y piezas de caza, a los infractores en la
Ley de Caza, para su posterior entrega a los Agentes de la Autoridad.
La cuestión planteada se abordará en dos partes: una respecto a determinar
que personas tienen competencias para retirar las armas de caza y en que
situaciones y, otra en cuanto a resolver si los guardas particulares del campo,
en su especialidad de Guarda de Caza, tienen competencias para retirar las
artes y piezas de caza.
En cuanto a la retirada de las armas.
El Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en
sus artículos 148, 166 y 167 establece que únicamente la Autoridad y sus
Agentes, en uso de sus facultades, serán los encargados de intervenir las
armas cuando se hubiere cometido una infracción al ordenamiento jurídico o,
en su caso, pudiera cometerse.
Por su parte, y tomando como referencia la Ley de Caza 1/1970, y su
Reglamento de desarrollo, en su artículo 51, se determina que únicamente
podrán retirar las armas quien ostente la condición de Autoridad o Agente de la
misma.
A mayor abundamiento, cabe traer a colación lo preceptuado en dicho artículo
51 de la Ley de Caza 1/1970 que prevé, en su apartado 1, que la negativa a
entregar el arma por el cazador a la Autoridad o sus Agentes podrá ser
considerado como un delito de desobediencia (artículo 237, hoy artículo 556 del
Código Penal). Luego, una vez más, se reconoce únicamente a la Autoridad y a
sus Agentes facultad para retirar las armas ante una infracción administrativa,
pues únicamente respecto de ellos, por contar con la especial cualidad de
Autoridad o Agente de la misma, podrá cometerse el tipo delictual de
desobediencia. En sentido similar se pronuncia la Ley de Caza de Extremadura,
cuando en su artículo 93.B).2, recoge que la negativa a la entrega del arma,
cuando el cazador sea requerido para ello, dará lugar a denuncia ante el
Juzgado competente a los efectos previstos en la legislación penal.
Por todo ello, se estima que para retirar la posesión del arma a una persona,
haya o no cometido una infracción, deberá contarse con el carácter de
Autoridad o Agente de la misma.
Por consiguiente, y en relación a la cuestión planteada, los guardas
particulares del campo, en su especialidad de Guarda de Caza, que no cuentan
con el carácter de Agente de la Autoridad, sino con la especial cualidad de
auxiliar a los mismos, como es el caso que nos ocupa, (artículo 1.4 de la Ley
23/1992 de Seguridad Privada y artículo 82 de la Ley de Caza de
Extremadura), no podrán retirar las armas de aquellas personas que hubieren
cometido una infracción administrativa.
No obstante lo anterior, si la infracción cometida fuera calificada como un
delito, en concreto, y por tratarse de la materia objeto de análisis, como un
delito contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna
(artículos 325 y siguientes del Código Penal), los guardas particulares del
campo, en su especialidad de Guarda de Caza, sí deberán poner
inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y
demás pruebas de los supuestos delitos, todo ello a tenor de lo dispuesto en los
artículos 71d), 76.2 y 94 f) del Reglamento de Seguridad Privada.
En conclusión, y por todo cuanto antecede, este Servicio considera que los
guardas particulares de campo, en su especialidad de Guarda de Caza, no
podrán retirar las armas de quien hubiera cometido una infracción
administrativa.
En cuanto a la retirada de artes y piezas de la caza.
Se estima que tanto por aplicación del artículo 93 A)1 de la Ley de Caza de
Extremadura, como por la Ley de Caza 1/1970 y su Reglamento de desarrollo,
toda infracción en materia de caza llevará, por parte de los Agentes
denunciantes, el comiso de la caza, viva o muerta, que fuera ocupada, así
como de cuantas artes materiales o animales vivos que hayan servido para
cometer la infracción, por lo que parece que hay inconveniente para que los
guardas particulares del campo, en su especialidad de Guardas de Caza,
decomisen este tipo de efectos.
Habida cuenta que al no contar dichos guardas con el carácter de Agente de
la Autoridad sus actuaciones no gozan de la presunción de veracidad que, por
aplicación de artículo 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
reconoce a quien disfruta de la especial cualidad de Autoridad o Agente de la
misma.
Respecto a la segunda cuestión:
Pueden las Subdelegaciones del Gobierno, autorizar la prestación de servicios
propios de Guardas Particulares del Campo, con personal con la única
titulación la de Vigilantes de Seguridad.
Respecto a esta cuestión la Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de que son los
guardas particulares del campo y sus distintas especialidades los únicos
competentes para desarrollar las funciones que establece el artículo tercero del
R.D. 938/97, no pudiendo realizar estas funciones otro personal de seguridad
privada que no se encuentre habilitado como tal, pudiendo dar lugar a una de
las infracciones previstas en el Capítulo IV, Sección 1ª de la Ley de Seguridad
Privada (se adjunta copia de un informe de fecha 1/Julio/97, remitido a la
Subdelegación del Gobierno en Albacete y otro de fecha 30/Enero/98, remitido
a la Delegación del Gobierno en Andalucía).
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En contestación a un escrito formulado por un particular en el que plantea una serie
de cuestiones relacionadas con el desarrollo de la Guardería, a continuación se
formulan las siguientes consideraciones:
Respecto a la primera cuestión:
¿Qué formas de contratación tenemos los Guardas de Caza? En qué régimen
podemos encuadrarnos, o si hay alguna otra opción aparte de las siguientes: a
través de empresa de seguridad, Seguridad Social por parte de coto o régimen
por cuenta propia (autónomo).
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en adelante LSP), en
su art. 18, apartado c), establece la posibilidad de que los guardas particulares del
campo puedan ejercer las funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural
sin estar integrados en empresas de seguridad.
Así, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social -Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- la contratación, por personas
físicas o jurídicas, de los servicios de un Guarda Particular del Campo, deberá
realizarse por medio de la suscripción de uno de los siguientes contratos:
Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada,
celebrado entre la persona física o jurídica demandante del
servicio, y la Empresa de Seguridad en la que esté encuadrado
del Guarda Particular del Campo (encuadramiento en el Régimen
General de la Seguridad Social).
Contrato laboral, celebrado entre la persona física o jurídica
demandante del servicio y el Guarda Particular del Campo
(encuadramiento en el Régimen Especial Agrario o, en su caso,
en el Régimen General de la Seguridad Social).
Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada,
celebrado entre la persona física o jurídica demandante del
servicio, y el Guarda Particular del Campo que cuente con la
condición de trabajador Autónomo o por cuenta propia
(encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social).
No obstante lo anterior, se significa que se parte de presupuestos genéricos que
habrían de concretarse en el momento de tramitación del respectivo encuadramiento
en el sistema de la Seguridad Social.
Así pues, este Servicio considera que hasta que no se modifique la
actual normativa de Seguridad Privada en el sentido de incluir otros tipos de
contratación distintos a los señalados anteriormente, no existe otra opción de
contratación para los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades.
Respecto de la segunda cuestión:
¿Podemos pedir todo tipo de documentación en cuanto a caza o pesca se
refiere en el desarrollo de nuestro trabajo?.
El artículo 94 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (en adelante
RSP), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en la redacción
dada al mismo por Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, en consonancia con el
art. 71 del citado Reglamento, contempla entre otras, la posibilidad de “efectuar
controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin
que en ningún caso puedan retener la documentación personal”.
De lo anterior se desprende, que en el interior de los lugares donde
desempeñen sus funciones de vigilancia y protección de la propiedad, los Guardas
Particulares del Campo, pueden efectuar controles de identidad, para lo cual pueden
solicitar, a título de ejemplo, los documentos que a continuación se citan:
-Documento Nacional de Identidad.
-Guía de pertenencia del arma.
-Licencia de armas.
-Permisos expedidos por la correspondiente Administración, como por ejemplo
para cazar en lugares no permitidos o para utilizar determinados
instrumentos.
-Licencia de caza o pesca.
Respecto de la tercera cuestión:
Dentro de nuestro lugar de trabajo y en pistas de tierra aunque sean de uso
público podemos parar un coche para identificarlo en el caso de desconfianza.
Los Guardas Particulares del Campo, en los terrenos privados donde
desarrollan sus funciones, están habilitados para realizar todas aquellas funciones
que establece el artículo 71 del RSP, aplicables a los Guardas Particulares del
Campo, es decir:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso a fincas, cotos, etc. o en
el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso
puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el
objeto de su protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto
de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los
delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
Sin embargo, en los lugares de uso público no pueden desarrollar sus
funciones, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la LSP,
en relación con el artículo 13 del mismo texto legal, dichos lugares superan la esfera
de lo privado y por tanto del ámbito de actuación de los Guardas Particulares del
Campo, debiendo en estos casos tomar el mayor número de datos y ponerlo en
conocimiento de la Guardia Civil o de cualquier otro Agente de la Autoridad.
Respecto de la cuarta cuestión:
Dentro de nuestro lugar de trabajo y en pistas de tierra aunque sean de uso
público y bajo causas justificadas de posible furtivismo podemos registrar un
vehículo.
Las actuaciones de los Guardas Particulares del Campo se circunscriben al
ámbito de la zona objeto a vigilar –demanio privado- y por tanto, en pistas o caminos
de uso público habrá que tener en cuenta lo expuesto en el punto anterior.
No obstante y en el supuesto excepcional de tener que perseguir a
delincuentes sorprendidos en caso de flagrante delito, -no por la comisión de
infracciones- como consecuencia de sus funciones en relación con los bienes objeto
de su vigilancia y protección, en virtud de cuanto dispone el art. 79.d) del RSP,
podría efectuar el registro de un vehículo en vías o caminos de uso público, si bien
debe tener la certeza de la comisión de un delito.
Respecto de la quinta cuestión:
En el supuesto de identificar nuestro vehículo con luces en un puente como
deberían ser y que color o colores se podría poner.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 18 del Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, “las señales en los vehículos que tengan por objeto dar a conocer a los
usuarios de la vía determinadas circunstancias o características del vehículo en que
están colocadas, del servicio que presta, de la carga que transporta o de su propio
conductor, se ajustarán en cuanto a sus características y colocación a lo dispuesto
en el anexo XI”.
Por su parte, el artículo 18 del RSP establece que los vehículos utilizados por
las empresas de seguridad no podrán disponer de lanza-destellos o sistemas
destinados a obtener preferencia de paso a efectos de circulación vial.
Por lo anterior, y toda vez que los vehículos a utilizar por el solicitante
no figuran entre los contemplados en el Anexo XI del Reglamento General de
Vehículos (vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento,
asistencia sanitaria, vehículos para obras y servicios, maquinaria agrícola, columnas
militares, vehículos especiales, vehículos de transportes especiales), este Servicio
considera que no puede instalarse ningún aparato emisor de señales luminosas.
Respecto de la sexta cuestión:
Nuestras denuncias tienen alguna presunción de veracidad, o tenemos que
acompañarlas de pruebas en el caso de que se pueda.
A partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Privada, el personal de
seguridad privada carece de la consideración de Agente de Autoridad y sus
denuncias no tienen valor probatorio por sí mismas, sin embargo sus declaraciones
no serán de peor condición que las de cualquier otro ciudadano y testigo presencial
de los hechos.
Por ello y con el fin de que las denuncias que realicen los guardas
particulares del campo en el ejercicio de su cargo, tengan visos de prosperar,
deberán contener una serie de requisitos mínimos, entre los cuales se encuentran
los siguientes:
- Lugar, fecha y hora en la que se produjeron los hechos que se denuncian. El lugar
se describirá con la mayor exactitud posible.
- Hechos, con la mayor exactitud posible, que se han cometido y que el Guarda
considera que infringen alguna norma.
- Nombre, apellidos DNI y otros datos personales como domicilio, edad, etc. de las
personas que, a juicio del Guarda, hayan cometido la infracción. Es conveniente,
además, una descripción del tipo de vestimenta y otras circunstancias que ayuden a
una mejor identificación del denunciado.
-Enumeración y descripción de los elementos, armas, útiles, vehículo, cartuchos
vacíos, morrales, envoltorios, prendas de ropa que hayan encontrado y que se
hayan utilizado para cometer la infracción.
-Nombre, apellidos, D.N.I., número de teléfono, dirección y firma de los testigos que
pudieran haber observado la infracción, por ejemplo algún empleado de la finca. La
presencia de algún testigo es un dato fundamental para derrumbar la presunción de
inocencia del supuesto culpable.
-Nombre, apellidos, D.N.I., núm. de Tarjeta de Identidad Profesional, domicilio a
efectos de notificaciones y firma del Guarda o Guardas intervinientes. Es muy
conveniente, como ya ha quedado recogido en el párrafo anterior, que cuando el
guarda vaya a denunciar al supuesto infractor vaya acompañado, si existiera, de otro
compañero como testigo, todo ello para que la denuncia tenga más peso probatorio.
Respecto de la séptima cuestión:
Tiene obligación la Intervención de Armas de avisarnos para el ejercicio de tiro
o somos nosotros los que tenemos que enterarnos de cuando se hace dicho
ejercicio.
El art. 8 de la Resolución de 28 de febrero de 1996, de la
Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la
realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, determina que
en el mes de enero de cada año las Jefaturas de Comandancia de la Guardia Civil,
confeccionarán, el calendario anual de los ejercicios de tiro, al que tendrán acceso
las empresas de seguridad.
El citado calendario tiene como fin que las Empresas de Seguridad,
Entidades, Organismos, personas físicas y aquellas otras que presten servicios de
seguridad privada y se hallen provistos de licencia de armas tipo “C”, tengan
conocimiento del mismo.
En base a lo expuesto, las Intervenciones de Armas de las
Comandancias de la Guardia Civil, una vez aprobado el citado calendario, deben
proceder a su notificación a los organismos y personas expuestas anteriormente, al
objeto de que tengan conocimiento con suficiente antelación de los días señalados
para el ejercicio de tiro.
Respecto de la octava cuestión:
Si tenemos conocimiento de que algún compañero esta trabajando de modo
irregular como podemos denunciarlo, y a que organismo debemos dirigir el
escrito.
Conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la LSP, toda persona que
tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal de
seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante
el Ministerio del Interior o las Delegaciones del Gobierno-Subdelegaciones del
Gobierno.
Por su parte, conforme determina el art. 137 del RSP, la Dirección
General de la Guardia Civil ostenta la competencia para efectuar el control sobre las
actuaciones de los guardas particulares del campo, pudiendo ser denunciadas las
irregularidades cometidas por los mismos ante dicho Organismo.
En base a lo expuesto, este Servicio considera que las denuncias
poniendo en conocimiento la existencia de un determinado hecho cometido por
personal de seguridad privada –guarda particular del campo- y que pudiera ser
constitutivo de infracción a la normativa de seguridad privada, debieran ser
canalizadas a través de las Unidades de la Dirección General de la Guardia Civil,
correspondiente al lugar donde presuntamente se han producido los hechos, con el
fin de proceder a la comprobación de las mismas.
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En contestación a un escrito formulado por un particular relativo a las funciones a
desarrollar por los guardapescas marítimos
integrados en el ámbito de aplicación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, y su normativa de desarrollo, a continuación se informa:
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Seguridad Privada,
los guardapescas marítimos ejercerán sus funciones en establecimientos de
acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.
Si bien lo expuesto, para conocer el alcance material de la función definida
en el párrafo precedente, debemos remitirnos al régimen previsto en los
artículos 11 y 71 de la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento.
Es por ello, que los guardapescas marítimos podrán realizar las siguientes
funciones:
- Ejercer la protección de las personas que puedan encontrarse en los
terrenos y zonas objeto de su vigilancia (art. 11.a, en relación con el 18,
de la LSP).
- Efectuar controles de identidad en el acceso o interior de la propiedad a
custodiar, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal
(art. 11.b, en relación con el 18, de la LSP).
- Evitar la comisión de actos delictivos en relación con el objeto de su
protección (art.11.c, en relación con el 18, de la LSP).
- Evitar las infracciones que se observen en el ámbito de su competencia
(art. 11.c, en relación con el 18, de la LSP).
- Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección,
no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos (art. 11.d, en relación
con el 18, de la LSP).
- Aprehensión y puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos (art. 11.d, en
relación con el 18 de la LSP).
- Comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier información para
garantizar la seguridad ciudadana (art. 66.2, en relación con el artículo
94.a), del RSP).
- Realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el
cumplimiento de su misión (art. 76, en relación con el artículo 94.f), RSP).
- Evitar cualquier actividad delictiva en relación a la protección del medio
ambiente, en virtud del art. 11.c) de la Ley de Seguridad Privada en
concordancia con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de conservación de las
especies naturales y de la flora y fauna silvestre y con los artículos 45.2
y 149.1. 23 ambos de la Constitución Española.
Asimismo, destacar que todas estas funciones deben prestarse con absoluto
respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, así como atenerse a
los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las
personas; evitando abusos, arbitrariedades y actuando con congruencia y
proporcionalidad en el desarrollo de sus cometidos (art.1.3 LSP).
Finalmente, y como bien recoge la consulta de referencia, las denuncias
formuladas por los guardapescas marítimos no tienen presunción de veracidad
al carecer sus titulares del carácter de agente de la autoridad.
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En contestación a un escrito formulado por una Asociación por el que plantea
cuestiones relacionadas con el ámbito funcional de los guardas particulares del
campo y sus especialidades, a continuación se informa lo siguiente:
- RESPECTO DE LA PRIMERA PREGUNTA:
¿Cuándo un guarda, se encuentra en situación de riesgo para su integridad física,
podría un segundo guarda de un zona limítrofe acudir, para colaborar con el
primero y garantizar la integridad física del mismo?
En caso de socorro, somos conocedores de la obligación del deber de socorro,
pero la consulta se anticipa a este supuesto y se busca el evitar el mismo...
Efectivamente y como recoge el comentario reflejado en la pregunta, todas las
personas tienen el deber de socorrer a aquellas otras que se encuentren en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio o de terceros.
En este sentido y de acuerdo con el artículo 195.1 del Código Penal, la omisión del
deber de socorro es un delito castigado con penas de multa de tres a doce meses.
De otra parte y de conformidad con el artículo 92 y siguientes del Reglamento de
Seguridad Privada, destacar que fuera de los supuestos previstos en los párrafos
precedentes y en aquellos otros en los que pudieran existir razones humanitarias, un
Guarda Particular del Campo no podrá intervenir en el exterior del terreno objeto de
su protección.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Sería viable y posible, que guardas de zonas limítrofes y de distintos pagadores,
acudieran a la realización de servicios especiales, organizados y desarrollados
por los servicios propios de la administración autonómica, siempre y cuando
existiera acuerdo entre los pagadores, los guardas y en último caso fueran
reclamados por los servicios de la Xunta (comunidad autónoma)?
La normativa de seguridad privada no prevé la realización de servicios especiales u
organizados entre distintas personas, físicas o jurídicas, para la vigilancia y
protección de la propiedad a custodiar.
Es por ello que a juicio de esta Unidad, los servicios deben prestarse de acuerdo con
los pactos alcanzados entre el demandante del servicio y el Guarda Particular del
Campo o Empresa de Seguridad con quien se contrate el mencionado servicio; sin
que puedan existir acuerdos entre terceros que articulen prestaciones de servicio de
manera conjunta u organizada y que permitan atender necesidades en terrenos
ajenos al custodiado por el Guarda.
- RESPECTO DE LA TERCERA PREGUNTA:
La obligación de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, ya
viene determinada en la legislación propia sobre seguridad privada…, pero no
somos conocedores de hasta donde es un deber o una obligación;…
consideramos que sería bueno, que siempre que exista la voluntad entre todas las
partes (los pagadores, los guardas, la Xunta y las cofradías), se debería de
entender como una obligación…
De acuerdo con el contenido recogido en el artículo cuarto de la Ley Orgánica
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concordancia con el artículo 1.4 de
la Ley de Seguridad Privada y artículo 66 de su Reglamento desarrollo, el personal
de seguridad privada -guardas particulares del campo y sus especialidades-, tiene la
“especial obligación” de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio
de sus funciones y de prestarles su colaboración.
Es por ello, que no deben admitirse ambigüedades en este extremo, pues el
articulado descrito desvela con precisión que la colaboración es una obligación
exigida por la norma, al personal de seguridad privada en el ejercicio de su función
frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en términos imperativos.
Además, es necesario destacar que la negativa a prestar auxilio o colaboración a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el personal de seguridad privada es una
infracción muy grave, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
22.1.g), de la Ley de Seguridad Privada, en relación con el artículo 151.5 de su
Reglamento.
Por su parte, recordar igualmente que de acuerdo con el artículo quinto de la Ley
Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen, como principio básico
de actuación, el deber de auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las
circunstancias lo aconsejen y fueran requeridos para ello; motivo por el que cuando
un Guarda Particular del Campo necesite la ayuda de las citadas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad debe solicitarla y, en su caso, ser prestada.
Finalmente y con independencia de lo expuesto, este Servicio coincide con el criterio
de esa Asociación en aquellos extremos referidos a la colaboración que debe existir
entre todos los sectores que componen el servicio de guardería; siendo deseable
que se aúnen voluntades entre pagadores, cofradías y guardas particulares del
campo para mejorar e implementar la vigilancia y protección de las zonas objeto de
custodia; si bien, la mencionada colaboración entre los sectores citados no podrá ser
exigida ante la ausencia de previsión normativa que así lo prevea; a salvo, claro
está, la necesidad genérica de intervenir cuando una persona se encuentre en
peligro manifiesto y grave.
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En contestación a una serie de preguntas formuladas por una Unidad de la Guardia
Civil en relación al ambito funcional de los Guardas Particulares del Campo, a
continuación se indican las siguientes consideraciones:
- RESPECTO DE LA PRIMERA CUESTION:
La primera cuestión que debe matizarse es que en Gran Canaria toda la Isla es
terreno cinegético especial de caza controlada, con lo que los guardas
particulares del campo ejercerían sus funciones en lugares públicos en los que
indistintamente se puede realizar el ejercicio de la caza o cualquier otra
actividad, y en los que se puede encontrar tanto a un cazador como a cualquier
otra persona ajena al ejercicio de la caza.
Como premisa inicial, destacar que de acuerdo con los contenidos previstos en el
artículo 1.1 de la Ley de Seguridad Privada, los guardas particulares del campo en
sus distintas especialidades ejercerán sus funciones en la esfera del ámbito privado.
En el mismo sentido viene a pronunciarse el artículo 81 del Reglamento a la Ley de
Caza de Canarias, en cuyo apartado 1, circunscribe la actuación de los guardas de
caza a los terrenos privados de aprovechamiento cinegético especial y en aquellas
zonas para las que hubieran sido adscritos; debiendo, en todo caso, auxiliar en el
ejercicio de sus funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los Agentes de
Medio Ambiente.
Es por ello, que aun cuando el conjunto de la Isla de Gran Canaria sea considerada
como “terreno cinegético especial de caza controlada”, los servicios a desarrollar por
los guardas particulares del campo no deben ser prestados en terrenos de dominio
público, en sus vías de comunicación o en cualquier otro lugar incluido en el ámbito
de la esfera pública; debiendo desarrollarse, por tanto, en terrenos de dominio
privado.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA CUESTION:
La contratación de los guardas particulares del campo la realizaría la Agrupación
de Cazadores de Gran Canaria.
La Ley de Seguridad Privada, en su art. 18, apartado c), establece la posibilidad de
que los guardas particulares del campo puedan ejercer las funciones de vigilancia y
protección de la propiedad rural sin estar integrados en empresas de seguridad.
Así, y de acuerdo con el criterio establecido por la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social -Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- la contratación, por
personas físicas o jurídicas, de un Guarda Particular del Campo, puede realizarse
por medio de la suscripción de uno de los siguientes contratos:
- Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada, celebrado entre la
persona física o jurídica demandante del servicio (Agrupación de Cazadores de Gran
Canaria), y la Empresa de Seguridad en la que esté encuadrado el Guarda Particular
del Campo.
- Contrato laboral, celebrado entre la persona física o jurídica demandante del
servicio (Agrupación de Cazadores de Gran Canaria), y el Guarda Particular del
Campo.
- Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada, celebrado entre la
persona física o jurídica demandante del servicio (Agrupación de Cazadores de Gran
Canaria), y el Guarda Particular del Campo que cuente con la condición de
trabajador autónomo o trabajador por cuenta propia.
Por lo anterior, este Servicio considera que la Agrupación de Cazadores de Gran
Canaria puede contratar a guardas particulares del campo para la prestación de
servicios de vigilancia y protección.
- RESPECTO DE LA TERCERA CUESTION:
El Cabildo quiere que estos guardas no pertenezcan a empresas de seguridad
sino que sean personas preseleccionadas que estén en posesión de la titulación
necesaria.
Como adelantábamos en la pregunta precedente, el artículo 18.C) de la Ley de
Seguridad Privada, permite que los guardas particulares del campo presten su
servicio sin estar integrados en empresas de seguridad; lo que les permite
desarrollar su actividad por cuenta propia, es decir, como trabajadores autónomos; y
también por cuenta ajena, es decir, como trabajadores dependientes y encuadrados
en una Empresa de Seguridad, o, como trabajadores dependientes de aquellos
propietarios, usufructuario o arrendatarios rurales que les contraten.
De la misma forma, el artículo 40 de la Ley de Caza de Canarias en relación con el
artículo 80 de su Reglamento, permite la contratación de guardas de caza sin que
los mismos estén encuadrados en una Empresa de Seguridad.
Por lo anterior, no existe inconveniente en que los guardas particulares del campo
que presten servicio en la Comunidad Autónoma de Canarias no pertenezcan a una
Empresa de Seguridad.
- RESPECTO DE LA CUARTA CUESTION:
¿Pueden pedir la documentación e identificar al infractor? ¿Qué ocurriría si
el infractor se niega a identificarse?
De acuerdo con el artículo 94 del Reglamento de Seguridad Privada en relación con
su artículo 71, los guardas particulares del campo podrán efectuar controles de
identidad en el acceso o en el interior de fincas rústicas o de caza, sin que en ningún
caso puedan retener la documentación personal.
Por lo anterior, en el interior de los lugares donde los guardas particulares del campo
desempeñen sus funciones de vigilancia y protección de la propiedad, podrán
efectuar controles de identidad y solicitar a quien en ellos se encuentren documentos
como los que a continuación se citan:
- Documento Nacional de Identidad
- Guía de pertenencia del arma
- Licencia de armas
- Permisos administrativos expedidos por los cabildos insulares.
- Licencia de caza o pesca
Asimismo, señalar que la negativa a identificarse o, en su caso, la no presentación
de la oportuna licencia de caza siendo titular de la misma, supone, de conformidad
con el artículo 47 de la Ley de Caza de Canarias, la comisión de una infracción leve.
A su vez, el Guarda Particular del Campo puede también requerir la presencia de la
patrulla de la Guardia Civil, ante la negativa de la persona a identificarse.
- RESPECTO DE LA QUINTA CUESTION:
¿Qué mecanismos tienen los guardas de caza para ejercer su autoridad?
Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada, el personal de Seguridad
Privada pierde formalmente la consideración de Agente de la Autoridad.
Es por ello, que el valor probatorio de sus actuaciones y de las denuncias
administrativas formuladas con ocasión de las mismas no tienen, por sí mismas,
presunción de veracidad.
La ausencia de veracidad apuntada exige, para que el Guarda no pierda autoridad
en el desarrollo de sus cometidos, que la elaboración de su denuncia vaya
cumplimentada correctamente y acompañada, si fuera posible, de medios de prueba
que ayuden a desvirtuar el principio de presunción de inocencia del infractor.
Por lo anterior y en la intención de evitar la pérdida de autoridad del Guarda
Particular del Campo en el ejercicio de sus funciones, sus denuncias debieran
cumplir unos requisitos mínimos como los que a continuación se numeran:
- Lugar, fecha y hora en la que se produjeron los hechos que se denuncian. El lugar
se describirá con la mayor exactitud posible.
- Redacción del hecho cometido con la mayor exactitud posible y norma que, el
Guarda, considera que pudiera haberse incumplido.
- Nombre, apellidos, DNI y otros datos personales como domicilio, edad, etc. de las
personas que, a juicio del Guarda, hayan cometido la infracción. Es conveniente,
además, una descripción del tipo de vestimenta y otras circunstancias que ayuden a
una mejor identificación de denunciado.
- Enumeración y descripción de los elementos, armas, útiles, vehículo, cartuchos
vacíos, morrales, envoltorios, prendas de ropa que hayan encontrado y que se
hayan utilizado para cometer la infracción.
- Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, dirección y firma de los testigos que
pudieran haber observado la infracción, por ejemplo algún empleado de la finca. La
presencia de algún testigo es un dato fundamental para derrumbar la presunción de
inocencia del supuesto culpable.
- Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, dirección y Tarjeta de Identidad
Profesional del Guarda o guardas intervinientes. Es muy conveniente, como ya ha
quedado recogido en párrafo anterior, que cuando el Guarda denuncie al supuesto
infractor vaya acompañado de un testigo para que la denuncia tenga un mayor peso
probatorio.
La cumplimentación de las denuncias con los requisitos expuestos evitaría, en gran
medida, que la autoridad competente archivara el procedimiento sancionador y, al
mismo tiempo, dotaría al Guarda de un mayor respeto y autoridad en el ejercicio de
su función.
- RESPECTO DE LA SEXTA CUESTION:
¿Podrían retirar el arma del infractor en caso de que la infracción conllevara tal
retiro?
El Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en sus
artículos 148, 166 y 167, establece que únicamente la Autoridad y sus Agentes, en
uso de sus facultades, serán los encargados de intervenir las armas cuando se
hubiere cometido una infracción al ordenamiento jurídico o, en su caso, pudiera
cometerse.
Por consiguiente, y toda vez que el personal de Seguridad Privada (guardas
particulares del campo y sus especialidades), no cuentan con el carácter de Agente
de la Autoridad, sino con la especial cualidad de auxiliar a los mismos, como es el
caso de los guardas de caza creados por la Comunidad Autónoma de Canarias,
(artículo 1.4 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y artículo 81.1 de la Ley de
Caza de Canarias), no podrán retirar las armas de aquellas personas que hubieren
cometido una infracción administrativa.
No obstante lo anterior, si la infracción cometida fuera calificada como un delito, en
concreto y por tratarse de la materia objeto de análisis, como un delito contra los
recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna (artículos 325 y siguientes
del Código Penal), los guardas particulares del campo, en su especialidad de
Guarda de Caza, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los
instrumentos, efectos y demás pruebas de los supuestos delitos, todo ello a tenor de
lo dispuesto en los artículos 71.d), 76.2 y 94.f) del Reglamento de Seguridad
Privada.
- RESPECTO DE LA SÉPTIMA CUESTION:
¿Pueden formular denuncias en relación con la caza? En caso positivo, donde
remitirían esas denuncias?
En atención a lo dispuesto en los artículos 92 y 94.c), del Reglamento de seguridad
Privada, los guardas particulares del campo tienen la obligación de denunciar todas
aquellas infracciones que, calificadas en el ámbito penal o administrativo, observen.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias plenas en
materia de caza en virtud de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía. A tal fin se
promulga la Ley 7/1998, de Caza de Canarias, cuyo artículo 44.2, en relación con el
artículo 82 del Decreto 42/2003, que desarrollo la precitada Ley 7/1988, recoge que
los Cabildos Insulares son los órganos competentes para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia de caza.
Consecuente con lo expuesto, este Servicio entiende que las denuncias que
formulen los Guardas Particulares del Campo y que se encuentren tipificadas como
infracciones administrativas a la Ley de Caza de Canarias, deben ser dirigidas a los
Cabildos Insulares, sin perjuicio de que también pueden presentarse en cualquier
dependencia de la Guardia Civil para su remisión a dicho Órgano.
No obstante lo anterior, señalar si se diera el caso que el Guarda Particular del
Campo que en el ejercicio de sus funciones presenciara un ilícito penal (delito o
falta), deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad –en este caso ante la Guardia Civil, por ser el ámbito predominantemente
rural donde desarrollan sus funciones los Guardas Particulares del Campo-.
- RESPECTO DE LA OCTAVA CUESTION:
¿Podrían llevar armas para la ejecución del servicio? En caso positivo, ¿qué tipo
de armas serían y a quién tendrían que pedir autorización para realizar el servicio
con armas?
El artículo 93.3 del Reglamento de Seguridad Privada, autoriza a que los servicios
prestados en terrenos cinegéticos por guardas particulares del campo en su
especialidad de guardas de caza, puedan realizarse con armas.
Es por ello que, en principio, la prestación de servicios de vigilancia y protección,
realizada por los guardas particulares del campo en su especialidad de caza, en
terrenos cinegéticos no precisa obtener expresa autorización.
El tipo de arma con el que los guardas de caza debe prestar su servicio será el arma
larga rayada de repetición, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo
octavo de la Orden Ministerial de 07/07/1995, en relación con la Orden de 30 de abril
1998; y cuando existan circunstancias extraordinarias que desaconsejen el uso de
las citadas armas largas, podría utilizarse el revolver calibre treinta y ocho especial o
la escopeta del calibre doce, de repetición; previa autorización de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
Asimismo, reseñar que de acuerdo con el artículo 81.8 del Reglamento de Caza de
Canarias, los guardas de caza habilitados por el respectivo Cabildo Insular no
podrán prestar su servicio con armas de fuego.
- RESPECTO DE LA NOVENA CUESTION:
¿Cuál sería la colaboración que debería existir entre estos guardas de campo y el
puesto de la Guardia Civil así como con el Seprona?.
Los guardas particulares del campo, en sus diferentes especialidades, tienen la
expresa obligación de prestar auxilio y colaboración no solo con la Guardia Civil –
agentes de rural y especialidades-, sino con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
su conjunto.
Todo ello, de conformidad con el artículo 1.4 de la Ley de Seguridad Privada en
relación con el artículo 66 de su Reglamento de desarrollo.
A su vez, la Dirección General del Cuerpo tiene aprobado un Plan General de
Colaboración con el Sector de la Seguridad Privada, donde hay previsto unos
canales de comunicación específicos para con los Guardas Particulares del Campo
y sus distintas especialidades.
- RESPECTO DE LA DÉCIMA CUESTION:
…sería conveniente disponer de una enumeración de las funciones de los
guardas particulares del campo, ya que el Cabildo de Gran Canaria pretende
utilizar a este personal no solo para labores de vigilancia sino también para otras
labores relacionadas con la gestión cinegética.
Las funciones de los guardas particulares del campo, en su especialidad de Guarda
de Caza, que presten servicio en la Comunidad Autónoma de Canarias deben
limitarse, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Seguridad Privada en relación
con el artículo 92 de su Reglamento, a las funciones de vigilancia y protección de la
propiedad custodiada.
Por lo anterior, el personal de Seguridad Privada únicamente podrá realizar
funciones de vigilancia y protección; sin que puedan éstas simultanearse con otras
de naturaleza cinegética y referidas, por ejemplo, a la repoblación de las diferentes
especies, a la ejecución y/o seguimiento de planes comarcales y/o técnicos, etc; en
definitiva, a la gestión del medio ambiente.
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En relación con una cuestión, formulada por una Asociación de guardas, respecto
del ámbito funcional de los guardas particulares del campo, en concreto, si la
competencia para la vigilancia y protección de los terrenos privados en los que se
encuentren instalados molinos aerogeneradores de energía corresponde a los
guardas particulares del campo; se señalan las siguientes consideraciones:
Para dar una respuesta concreta a cada una de las preguntas planteadas, a
continuación se transcriben las mismas.
- RESPECTO DE LA PRIMERA PREGUNTA:
¿La competencia en la vigilancia de estas construcciones está claramente
delimitada a los Guardas Particulares del Campo?
El artículo 18 de la Ley de Seguridad Privada atribuye a los guardas particulares del
campo las funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural.
Por su parte, el artículo 92 del Reglamento de Seguridad Privada dispone que los
guardas particulares del campo, en sus distintas modalidades, ejercerán las
funciones de vigilancia y protección de la propiedad:
a) En las fincas rústicas.
b) En las fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético.
c) En los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines
pesqueros.
Por cuanto antecede, y toda vez que el articulado expuesto hace una reserva
competencial en favor de los guardas particulares del campo para que sus funciones
sean prestadas en el ámbito rural, este Servicio considera que los citados guardas
podrán prestar servicio de vigilancia y protección de la propiedad rural en la que se
encuentren construcciones o aerogeneradores de energía.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Los vigilantes de seguridad pueden realizar también este tipo de vigilancia en
función de sus competencias?
Si bien lo expuesto en la respuesta anterior, este Servicio considera, de acuerdo con
criterio de la Secretaría de Estado de Seguridad en Informe Técnico del mes de julio
de 2004 y relacionado con una cuestión similar a la planteada, que aun cuando las
funciones del Guarda Particular del Campo alcancen la vigilancia y protección de la
propiedad rural en la que pudieran existir construcciones, aerogeneradores de
energía u otros elementos o bienes, ello no impide que las mencionadas funciones
puedan prestarse, igualmente, por vigilantes de seguridad; toda vez que, entre las
funciones a prestar por los mencionados vigilantes de seguridad, no se encuentra
excluida la vigilancia y protección de un campo en el que existan aerogeneradores;
cuya instalación contará, probablemente, con sistemas de seguridad activos y
pasivos que ayuden a proteger la maquinaria alojada en los mencionados campos.
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En relación a determinadas cuestiones planteadas por una Asociación de Guardas
de Caza relacionadas con el ámbito funcional de los guardas particulares del campo
y sus especialidades, a continuación se señala lo siguiente:
- RESPECTO DE LA PRIMERA PREGUNTA:
¿Cuándo un guarda, se encuentra en situación de riesgo para su integridad física,
podría un segundo guarda de un zona limítrofe acudir, para colaborar con el
primero y garantizar la integridad física del mismo?
En caso de socorro, somos conocedores de la obligación del deber de socorro,
pero la consulta se anticipa a este supuesto y se busca el evitar el mismo...
Efectivamente y como recoge el comentario reflejado en la pregunta, todas las
personas tienen el deber de socorrer a aquellas otras que se encuentren en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio o de terceros.
En este sentido y de acuerdo con el artículo 195.1 del Código Penal, la omisión del
deber de socorro es un delito castigado con penas de multa de tres a doce meses.
De otra parte y de conformidad con el artículo 92 y siguientes del Reglamento de
Seguridad Privada, destacar que fuera de los supuestos previstos en los párrafos
precedentes y en aquellos otros en los que pudieran existir razones humanitarias, un
Guarda Particular del Campo no podrá intervenir en el exterior del terreno objeto de
su protección.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Sería viable y posible, que guardas de zonas limítrofes y de distintos pagadores,
acudieran a la realización de servicios especiales, organizados y desarrollados
por los servicios propios de la administración autonómica, siempre y cuando
existiera acuerdo entre los pagadores, los guardas y en último caso fueran
reclamados por los servicios de la Xunta (comunidad autónoma)?
La normativa de seguridad privada no prevé la realización de servicios especiales u
organizados entre distintas personas, físicas o jurídicas, para la vigilancia y
protección de la propiedad a custodiar.
Es por ello que a juicio de esta Unidad, los servicios deben prestarse de acuerdo con
los pactos alcanzados entre el demandante del servicio y el Guarda Particular del
Campo o Empresa de Seguridad con quien se contrate el mencionado servicio; sin
que puedan existir acuerdos entre terceros que articulen prestaciones de servicio de
manera conjunta u organizada y que permitan atender necesidades en terrenos
ajenos al custodiado por el Guarda.
- RESPECTO DE LA TERCERA PREGUNTA:
La obligación de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, ya
viene determinada en la legislación propia sobre seguridad privada…, pero no
somos conocedores de hasta donde es un deber o una obligación;…
consideramos que sería bueno, que siempre que exista la voluntad entre todas las
partes (los pagadores, los guardas, la Xunta y las cofradías), se debería de
entender como una obligación…
De acuerdo con el contenido recogido en el artículo cuarto de la Ley Orgánica
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concordancia con el artículo 1.4 de
la Ley de Seguridad Privada y artículo 66 de su Reglamento desarrollo, el personal
de seguridad privada -guardas particulares del campo y sus especialidades-, tiene la
“especial obligación” de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio
de sus funciones y de prestarles su colaboración.
Es por ello, que no deben admitirse ambigüedades en este extremo, pues el
articulado descrito desvela con precisión que la colaboración es una obligación
exigida por la norma, al personal de seguridad privada en el ejercicio de su función
frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en términos imperativos.
Además, es necesario destacar que la negativa a prestar auxilio o colaboración a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el personal de seguridad privada es una
infracción muy grave, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
22.1.g), de la Ley de Seguridad Privada, en relación con el artículo 151.5 de su
Reglamento.
Por su parte, recordar igualmente que de acuerdo con el artículo quinto de la Ley
Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen, como principio básico
de actuación, el deber de auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las
circunstancias lo aconsejen y fueran requeridos para ello; motivo por el que cuando
un Guarda Particular del Campo necesite la ayuda de las citadas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad debe solicitarla y, en su caso, ser prestada.
Finalmente y con independencia de lo expuesto, este Servicio coincide con el criterio
de esa Asociación en aquellos extremos referidos a la colaboración que debe existir
entre todos los sectores que componen el servicio de guardería; siendo deseable
que se aúnen voluntades entre pagadores, cofradías y guardas particulares del
campo para mejorar e implementar la vigilancia y protección de las zonas objeto de
custodia; si bien, la mencionada colaboración entre los sectores citados no podrá ser
exigida ante la ausencia de previsión normativa que así lo prevea; a salvo, claro
está, la necesidad genérica de intervenir cuando una persona se encuentre en
peligro manifiesto y grave.
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ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS GUARDAS PARTICULARES DEL CAMPO.
FUNCIONES.
En contestación a una consulta de una Unidad de la Guardia Civil en relación
a las cuestiones que se reseñan, a continuación se transcribe cada una de
ellas, con las consideraciones que también se señalan:
Respecto a la primera cuestión:
Pueden los Guardas de Caza (Especialidad de Guarda Particular del
Campo), intervenir las armas, artes y piezas de caza, a los infractores en la
Ley de Caza, para su posterior entrega a los Agentes de la Autoridad.
La cuestión planteada se abordará en dos partes: una respecto a determinar
que personas tienen competencias para retirar las armas de caza y en que
situaciones y, otra en cuanto a resolver si los guardas particulares del campo,
en su especialidad de Guarda de Caza, tienen competencias para retirar las
artes y piezas de caza.
En cuanto a la retirada de las armas.
El Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en
sus artículos 148, 166 y 167 establece que únicamente la Autoridad y sus
Agentes, en uso de sus facultades, serán los encargados de intervenir las
armas cuando se hubiere cometido una infracción al ordenamiento jurídico o,
en su caso, pudiera cometerse.
Por su parte, y tomando como referencia la Ley de Caza 1/1970, y su
Reglamento de desarrollo, en su artículo 51, se determina que únicamente
podrán retirar las armas quien ostente la condición de Autoridad o Agente de la
misma.
A mayor abundamiento, cabe traer a colación lo preceptuado en dicho artículo
51 de la Ley de Caza 1/1970 que prevé, en su apartado 1, que la negativa a
entregar el arma por el cazador a la Autoridad o sus Agentes podrá ser
considerado como un delito de desobediencia (artículo 237, hoy artículo 556 del
Código Penal). Luego, una vez más, se reconoce únicamente a la Autoridad y a
sus Agentes facultad para retirar las armas ante una infracción administrativa,
pues únicamente respecto de ellos, por contar con la especial cualidad de
Autoridad o Agente de la misma, podrá cometerse el tipo delictual de
desobediencia. En sentido similar se pronuncia la Ley de Caza de Extremadura,
cuando en su artículo 93.B).2, recoge que la negativa a la entrega del arma,
cuando el cazador sea requerido para ello, dará lugar a denuncia ante el
Juzgado competente a los efectos previstos en la legislación penal.
Por todo ello, se estima que para retirar la posesión del arma a una persona,
haya o no cometido una infracción, deberá contarse con el carácter de
Autoridad o Agente de la misma.
Por consiguiente, y en relación a la cuestión planteada, los guardas
particulares del campo, en su especialidad de Guarda de Caza, que no cuentan
con el carácter de Agente de la Autoridad, sino con la especial cualidad de
auxiliar a los mismos, como es el caso que nos ocupa, (artículo 1.4 de la Ley
23/1992 de Seguridad Privada y artículo 82 de la Ley de Caza de
Extremadura), no podrán retirar las armas de aquellas personas que hubieren
cometido una infracción administrativa.
No obstante lo anterior, si la infracción cometida fuera calificada como un
delito, en concreto, y por tratarse de la materia objeto de análisis, como un
delito contra los recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna
(artículos 325 y siguientes del Código Penal), los guardas particulares del
campo, en su especialidad de Guarda de Caza, sí deberán poner
inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y
demás pruebas de los supuestos delitos, todo ello a tenor de lo dispuesto en los
artículos 71d), 76.2 y 94 f) del Reglamento de Seguridad Privada.
En conclusión, y por todo cuanto antecede, este Servicio considera que los
guardas particulares de campo, en su especialidad de Guarda de Caza, no
podrán retirar las armas de quien hubiera cometido una infracción
administrativa.
En cuanto a la retirada de artes y piezas de la caza.
Se estima que tanto por aplicación del artículo 93 A)1 de la Ley de Caza de
Extremadura, como por la Ley de Caza 1/1970 y su Reglamento de desarrollo,
toda infracción en materia de caza llevará, por parte de los Agentes
denunciantes, el comiso de la caza, viva o muerta, que fuera ocupada, así
como de cuantas artes materiales o animales vivos que hayan servido para
cometer la infracción, por lo que parece que hay inconveniente para que los
guardas particulares del campo, en su especialidad de Guardas de Caza,
decomisen este tipo de efectos.
Habida cuenta que al no contar dichos guardas con el carácter de Agente de
la Autoridad sus actuaciones no gozan de la presunción de veracidad que, por
aplicación de artículo 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
reconoce a quien disfruta de la especial cualidad de Autoridad o Agente de la
misma.
Respecto a la segunda cuestión:
Pueden las Subdelegaciones del Gobierno, autorizar la prestación de servicios
propios de Guardas Particulares del Campo, con personal con la única
titulación la de Vigilantes de Seguridad.
Respecto a esta cuestión la Secretaria General Técnica del Ministerio del
Interior se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de que son los
guardas particulares del campo y sus distintas especialidades los únicos
competentes para desarrollar las funciones que establece el artículo tercero del
R.D. 938/97, no pudiendo realizar estas funciones otro personal de seguridad
privada que no se encuentre habilitado como tal, pudiendo dar lugar a una de
las infracciones previstas en el Capítulo IV, Sección 1ª de la Ley de Seguridad
Privada (se adjunta copia de un informe de fecha 1/Julio/97, remitido a la
Subdelegación del Gobierno en Albacete y otro de fecha 30/Enero/98, remitido
a la Delegación del Gobierno en Andalucía).
………………………………………………………………………………………………
En contestación a un escrito formulado por un particular en el que plantea una serie
de cuestiones relacionadas con el desarrollo de la Guardería, a continuación se
formulan las siguientes consideraciones:
Respecto a la primera cuestión:
¿Qué formas de contratación tenemos los Guardas de Caza? En qué régimen
podemos encuadrarnos, o si hay alguna otra opción aparte de las siguientes: a
través de empresa de seguridad, Seguridad Social por parte de coto o régimen
por cuenta propia (autónomo).
La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en adelante LSP), en
su art. 18, apartado c), establece la posibilidad de que los guardas particulares del
campo puedan ejercer las funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural
sin estar integrados en empresas de seguridad.
Así, de acuerdo con la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social -Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- la contratación, por personas
físicas o jurídicas, de los servicios de un Guarda Particular del Campo, deberá
realizarse por medio de la suscripción de uno de los siguientes contratos:
Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada,
celebrado entre la persona física o jurídica demandante del
servicio, y la Empresa de Seguridad en la que esté encuadrado
del Guarda Particular del Campo (encuadramiento en el Régimen
General de la Seguridad Social).
Contrato laboral, celebrado entre la persona física o jurídica
demandante del servicio y el Guarda Particular del Campo
(encuadramiento en el Régimen Especial Agrario o, en su caso,
en el Régimen General de la Seguridad Social).
Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada,
celebrado entre la persona física o jurídica demandante del
servicio, y el Guarda Particular del Campo que cuente con la
condición de trabajador Autónomo o por cuenta propia
(encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos de la Seguridad Social).
No obstante lo anterior, se significa que se parte de presupuestos genéricos que
habrían de concretarse en el momento de tramitación del respectivo encuadramiento
en el sistema de la Seguridad Social.
Así pues, este Servicio considera que hasta que no se modifique la
actual normativa de Seguridad Privada en el sentido de incluir otros tipos de
contratación distintos a los señalados anteriormente, no existe otra opción de
contratación para los Guardas Particulares del Campo y sus especialidades.
Respecto de la segunda cuestión:
¿Podemos pedir todo tipo de documentación en cuanto a caza o pesca se
refiere en el desarrollo de nuestro trabajo?.
El artículo 94 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (en adelante
RSP), por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en la redacción
dada al mismo por Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, en consonancia con el
art. 71 del citado Reglamento, contempla entre otras, la posibilidad de “efectuar
controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin
que en ningún caso puedan retener la documentación personal”.
De lo anterior se desprende, que en el interior de los lugares donde
desempeñen sus funciones de vigilancia y protección de la propiedad, los Guardas
Particulares del Campo, pueden efectuar controles de identidad, para lo cual pueden
solicitar, a título de ejemplo, los documentos que a continuación se citan:
-Documento Nacional de Identidad.
-Guía de pertenencia del arma.
-Licencia de armas.
-Permisos expedidos por la correspondiente Administración, como por ejemplo
para cazar en lugares no permitidos o para utilizar determinados
instrumentos.
-Licencia de caza o pesca.
Respecto de la tercera cuestión:
Dentro de nuestro lugar de trabajo y en pistas de tierra aunque sean de uso
público podemos parar un coche para identificarlo en el caso de desconfianza.
Los Guardas Particulares del Campo, en los terrenos privados donde
desarrollan sus funciones, están habilitados para realizar todas aquellas funciones
que establece el artículo 71 del RSP, aplicables a los Guardas Particulares del
Campo, es decir:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso a fincas, cotos, etc. o en
el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso
puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el
objeto de su protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto
de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los
delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.
Sin embargo, en los lugares de uso público no pueden desarrollar sus
funciones, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la LSP,
en relación con el artículo 13 del mismo texto legal, dichos lugares superan la esfera
de lo privado y por tanto del ámbito de actuación de los Guardas Particulares del
Campo, debiendo en estos casos tomar el mayor número de datos y ponerlo en
conocimiento de la Guardia Civil o de cualquier otro Agente de la Autoridad.
Respecto de la cuarta cuestión:
Dentro de nuestro lugar de trabajo y en pistas de tierra aunque sean de uso
público y bajo causas justificadas de posible furtivismo podemos registrar un
vehículo.
Las actuaciones de los Guardas Particulares del Campo se circunscriben al
ámbito de la zona objeto a vigilar –demanio privado- y por tanto, en pistas o caminos
de uso público habrá que tener en cuenta lo expuesto en el punto anterior.
No obstante y en el supuesto excepcional de tener que perseguir a
delincuentes sorprendidos en caso de flagrante delito, -no por la comisión de
infracciones- como consecuencia de sus funciones en relación con los bienes objeto
de su vigilancia y protección, en virtud de cuanto dispone el art. 79.d) del RSP,
podría efectuar el registro de un vehículo en vías o caminos de uso público, si bien
debe tener la certeza de la comisión de un delito.
Respecto de la quinta cuestión:
En el supuesto de identificar nuestro vehículo con luces en un puente como
deberían ser y que color o colores se podría poner.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 18 del Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, “las señales en los vehículos que tengan por objeto dar a conocer a los
usuarios de la vía determinadas circunstancias o características del vehículo en que
están colocadas, del servicio que presta, de la carga que transporta o de su propio
conductor, se ajustarán en cuanto a sus características y colocación a lo dispuesto
en el anexo XI”.
Por su parte, el artículo 18 del RSP establece que los vehículos utilizados por
las empresas de seguridad no podrán disponer de lanza-destellos o sistemas
destinados a obtener preferencia de paso a efectos de circulación vial.
Por lo anterior, y toda vez que los vehículos a utilizar por el solicitante
no figuran entre los contemplados en el Anexo XI del Reglamento General de
Vehículos (vehículos de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento,
asistencia sanitaria, vehículos para obras y servicios, maquinaria agrícola, columnas
militares, vehículos especiales, vehículos de transportes especiales), este Servicio
considera que no puede instalarse ningún aparato emisor de señales luminosas.
Respecto de la sexta cuestión:
Nuestras denuncias tienen alguna presunción de veracidad, o tenemos que
acompañarlas de pruebas en el caso de que se pueda.
A partir de la promulgación de la Ley de Seguridad Privada, el personal de
seguridad privada carece de la consideración de Agente de Autoridad y sus
denuncias no tienen valor probatorio por sí mismas, sin embargo sus declaraciones
no serán de peor condición que las de cualquier otro ciudadano y testigo presencial
de los hechos.
Por ello y con el fin de que las denuncias que realicen los guardas
particulares del campo en el ejercicio de su cargo, tengan visos de prosperar,
deberán contener una serie de requisitos mínimos, entre los cuales se encuentran
los siguientes:
- Lugar, fecha y hora en la que se produjeron los hechos que se denuncian. El lugar
se describirá con la mayor exactitud posible.
- Hechos, con la mayor exactitud posible, que se han cometido y que el Guarda
considera que infringen alguna norma.
- Nombre, apellidos DNI y otros datos personales como domicilio, edad, etc. de las
personas que, a juicio del Guarda, hayan cometido la infracción. Es conveniente,
además, una descripción del tipo de vestimenta y otras circunstancias que ayuden a
una mejor identificación del denunciado.
-Enumeración y descripción de los elementos, armas, útiles, vehículo, cartuchos
vacíos, morrales, envoltorios, prendas de ropa que hayan encontrado y que se
hayan utilizado para cometer la infracción.
-Nombre, apellidos, D.N.I., número de teléfono, dirección y firma de los testigos que
pudieran haber observado la infracción, por ejemplo algún empleado de la finca. La
presencia de algún testigo es un dato fundamental para derrumbar la presunción de
inocencia del supuesto culpable.
-Nombre, apellidos, D.N.I., núm. de Tarjeta de Identidad Profesional, domicilio a
efectos de notificaciones y firma del Guarda o Guardas intervinientes. Es muy
conveniente, como ya ha quedado recogido en el párrafo anterior, que cuando el
guarda vaya a denunciar al supuesto infractor vaya acompañado, si existiera, de otro
compañero como testigo, todo ello para que la denuncia tenga más peso probatorio.
Respecto de la séptima cuestión:
Tiene obligación la Intervención de Armas de avisarnos para el ejercicio de tiro
o somos nosotros los que tenemos que enterarnos de cuando se hace dicho
ejercicio.
El art. 8 de la Resolución de 28 de febrero de 1996, de la
Secretaría de Estado de Interior, por la que se aprueban las instrucciones para la
realización de los ejercicios de tiro del personal de seguridad privada, determina que
en el mes de enero de cada año las Jefaturas de Comandancia de la Guardia Civil,
confeccionarán, el calendario anual de los ejercicios de tiro, al que tendrán acceso
las empresas de seguridad.
El citado calendario tiene como fin que las Empresas de Seguridad,
Entidades, Organismos, personas físicas y aquellas otras que presten servicios de
seguridad privada y se hallen provistos de licencia de armas tipo “C”, tengan
conocimiento del mismo.
En base a lo expuesto, las Intervenciones de Armas de las
Comandancias de la Guardia Civil, una vez aprobado el citado calendario, deben
proceder a su notificación a los organismos y personas expuestas anteriormente, al
objeto de que tengan conocimiento con suficiente antelación de los días señalados
para el ejercicio de tiro.
Respecto de la octava cuestión:
Si tenemos conocimiento de que algún compañero esta trabajando de modo
irregular como podemos denunciarlo, y a que organismo debemos dirigir el
escrito.
Conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la LSP, toda persona que
tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o personal de
seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante
el Ministerio del Interior o las Delegaciones del Gobierno-Subdelegaciones del
Gobierno.
Por su parte, conforme determina el art. 137 del RSP, la Dirección
General de la Guardia Civil ostenta la competencia para efectuar el control sobre las
actuaciones de los guardas particulares del campo, pudiendo ser denunciadas las
irregularidades cometidas por los mismos ante dicho Organismo.
En base a lo expuesto, este Servicio considera que las denuncias
poniendo en conocimiento la existencia de un determinado hecho cometido por
personal de seguridad privada –guarda particular del campo- y que pudiera ser
constitutivo de infracción a la normativa de seguridad privada, debieran ser
canalizadas a través de las Unidades de la Dirección General de la Guardia Civil,
correspondiente al lugar donde presuntamente se han producido los hechos, con el
fin de proceder a la comprobación de las mismas.
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En contestación a un escrito formulado por un particular relativo a las funciones a
desarrollar por los guardapescas marítimos
integrados en el ámbito de aplicación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, y su normativa de desarrollo, a continuación se informa:
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Seguridad Privada,
los guardapescas marítimos ejercerán sus funciones en establecimientos de
acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines pesqueros.
Si bien lo expuesto, para conocer el alcance material de la función definida
en el párrafo precedente, debemos remitirnos al régimen previsto en los
artículos 11 y 71 de la Ley de Seguridad Privada y su Reglamento.
Es por ello, que los guardapescas marítimos podrán realizar las siguientes
funciones:
- Ejercer la protección de las personas que puedan encontrarse en los
terrenos y zonas objeto de su vigilancia (art. 11.a, en relación con el 18,
de la LSP).
- Efectuar controles de identidad en el acceso o interior de la propiedad a
custodiar, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal
(art. 11.b, en relación con el 18, de la LSP).
- Evitar la comisión de actos delictivos en relación con el objeto de su
protección (art.11.c, en relación con el 18, de la LSP).
- Evitar las infracciones que se observen en el ámbito de su competencia
(art. 11.c, en relación con el 18, de la LSP).
- Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección,
no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos (art. 11.d, en relación
con el 18, de la LSP).
- Aprehensión y puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos (art. 11.d, en
relación con el 18 de la LSP).
- Comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier información para
garantizar la seguridad ciudadana (art. 66.2, en relación con el artículo
94.a), del RSP).
- Realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el
cumplimiento de su misión (art. 76, en relación con el artículo 94.f), RSP).
- Evitar cualquier actividad delictiva en relación a la protección del medio
ambiente, en virtud del art. 11.c) de la Ley de Seguridad Privada en
concordancia con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de conservación de las
especies naturales y de la flora y fauna silvestre y con los artículos 45.2
y 149.1. 23 ambos de la Constitución Española.
Asimismo, destacar que todas estas funciones deben prestarse con absoluto
respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, así como atenerse a
los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las
personas; evitando abusos, arbitrariedades y actuando con congruencia y
proporcionalidad en el desarrollo de sus cometidos (art.1.3 LSP).
Finalmente, y como bien recoge la consulta de referencia, las denuncias
formuladas por los guardapescas marítimos no tienen presunción de veracidad
al carecer sus titulares del carácter de agente de la autoridad.
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En contestación a un escrito formulado por una Asociación por el que plantea
cuestiones relacionadas con el ámbito funcional de los guardas particulares del
campo y sus especialidades, a continuación se informa lo siguiente:
- RESPECTO DE LA PRIMERA PREGUNTA:
¿Cuándo un guarda, se encuentra en situación de riesgo para su integridad física,
podría un segundo guarda de un zona limítrofe acudir, para colaborar con el
primero y garantizar la integridad física del mismo?
En caso de socorro, somos conocedores de la obligación del deber de socorro,
pero la consulta se anticipa a este supuesto y se busca el evitar el mismo...
Efectivamente y como recoge el comentario reflejado en la pregunta, todas las
personas tienen el deber de socorrer a aquellas otras que se encuentren en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio o de terceros.
En este sentido y de acuerdo con el artículo 195.1 del Código Penal, la omisión del
deber de socorro es un delito castigado con penas de multa de tres a doce meses.
De otra parte y de conformidad con el artículo 92 y siguientes del Reglamento de
Seguridad Privada, destacar que fuera de los supuestos previstos en los párrafos
precedentes y en aquellos otros en los que pudieran existir razones humanitarias, un
Guarda Particular del Campo no podrá intervenir en el exterior del terreno objeto de
su protección.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Sería viable y posible, que guardas de zonas limítrofes y de distintos pagadores,
acudieran a la realización de servicios especiales, organizados y desarrollados
por los servicios propios de la administración autonómica, siempre y cuando
existiera acuerdo entre los pagadores, los guardas y en último caso fueran
reclamados por los servicios de la Xunta (comunidad autónoma)?
La normativa de seguridad privada no prevé la realización de servicios especiales u
organizados entre distintas personas, físicas o jurídicas, para la vigilancia y
protección de la propiedad a custodiar.
Es por ello que a juicio de esta Unidad, los servicios deben prestarse de acuerdo con
los pactos alcanzados entre el demandante del servicio y el Guarda Particular del
Campo o Empresa de Seguridad con quien se contrate el mencionado servicio; sin
que puedan existir acuerdos entre terceros que articulen prestaciones de servicio de
manera conjunta u organizada y que permitan atender necesidades en terrenos
ajenos al custodiado por el Guarda.
- RESPECTO DE LA TERCERA PREGUNTA:
La obligación de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, ya
viene determinada en la legislación propia sobre seguridad privada…, pero no
somos conocedores de hasta donde es un deber o una obligación;…
consideramos que sería bueno, que siempre que exista la voluntad entre todas las
partes (los pagadores, los guardas, la Xunta y las cofradías), se debería de
entender como una obligación…
De acuerdo con el contenido recogido en el artículo cuarto de la Ley Orgánica
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concordancia con el artículo 1.4 de
la Ley de Seguridad Privada y artículo 66 de su Reglamento desarrollo, el personal
de seguridad privada -guardas particulares del campo y sus especialidades-, tiene la
“especial obligación” de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio
de sus funciones y de prestarles su colaboración.
Es por ello, que no deben admitirse ambigüedades en este extremo, pues el
articulado descrito desvela con precisión que la colaboración es una obligación
exigida por la norma, al personal de seguridad privada en el ejercicio de su función
frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en términos imperativos.
Además, es necesario destacar que la negativa a prestar auxilio o colaboración a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el personal de seguridad privada es una
infracción muy grave, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
22.1.g), de la Ley de Seguridad Privada, en relación con el artículo 151.5 de su
Reglamento.
Por su parte, recordar igualmente que de acuerdo con el artículo quinto de la Ley
Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen, como principio básico
de actuación, el deber de auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las
circunstancias lo aconsejen y fueran requeridos para ello; motivo por el que cuando
un Guarda Particular del Campo necesite la ayuda de las citadas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad debe solicitarla y, en su caso, ser prestada.
Finalmente y con independencia de lo expuesto, este Servicio coincide con el criterio
de esa Asociación en aquellos extremos referidos a la colaboración que debe existir
entre todos los sectores que componen el servicio de guardería; siendo deseable
que se aúnen voluntades entre pagadores, cofradías y guardas particulares del
campo para mejorar e implementar la vigilancia y protección de las zonas objeto de
custodia; si bien, la mencionada colaboración entre los sectores citados no podrá ser
exigida ante la ausencia de previsión normativa que así lo prevea; a salvo, claro
está, la necesidad genérica de intervenir cuando una persona se encuentre en
peligro manifiesto y grave.
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En contestación a una serie de preguntas formuladas por una Unidad de la Guardia
Civil en relación al ambito funcional de los Guardas Particulares del Campo, a
continuación se indican las siguientes consideraciones:
- RESPECTO DE LA PRIMERA CUESTION:
La primera cuestión que debe matizarse es que en Gran Canaria toda la Isla es
terreno cinegético especial de caza controlada, con lo que los guardas
particulares del campo ejercerían sus funciones en lugares públicos en los que
indistintamente se puede realizar el ejercicio de la caza o cualquier otra
actividad, y en los que se puede encontrar tanto a un cazador como a cualquier
otra persona ajena al ejercicio de la caza.
Como premisa inicial, destacar que de acuerdo con los contenidos previstos en el
artículo 1.1 de la Ley de Seguridad Privada, los guardas particulares del campo en
sus distintas especialidades ejercerán sus funciones en la esfera del ámbito privado.
En el mismo sentido viene a pronunciarse el artículo 81 del Reglamento a la Ley de
Caza de Canarias, en cuyo apartado 1, circunscribe la actuación de los guardas de
caza a los terrenos privados de aprovechamiento cinegético especial y en aquellas
zonas para las que hubieran sido adscritos; debiendo, en todo caso, auxiliar en el
ejercicio de sus funciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los Agentes de
Medio Ambiente.
Es por ello, que aun cuando el conjunto de la Isla de Gran Canaria sea considerada
como “terreno cinegético especial de caza controlada”, los servicios a desarrollar por
los guardas particulares del campo no deben ser prestados en terrenos de dominio
público, en sus vías de comunicación o en cualquier otro lugar incluido en el ámbito
de la esfera pública; debiendo desarrollarse, por tanto, en terrenos de dominio
privado.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA CUESTION:
La contratación de los guardas particulares del campo la realizaría la Agrupación
de Cazadores de Gran Canaria.
La Ley de Seguridad Privada, en su art. 18, apartado c), establece la posibilidad de
que los guardas particulares del campo puedan ejercer las funciones de vigilancia y
protección de la propiedad rural sin estar integrados en empresas de seguridad.
Así, y de acuerdo con el criterio establecido por la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social -Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- la contratación, por
personas físicas o jurídicas, de un Guarda Particular del Campo, puede realizarse
por medio de la suscripción de uno de los siguientes contratos:
- Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada, celebrado entre la
persona física o jurídica demandante del servicio (Agrupación de Cazadores de Gran
Canaria), y la Empresa de Seguridad en la que esté encuadrado el Guarda Particular
del Campo.
- Contrato laboral, celebrado entre la persona física o jurídica demandante del
servicio (Agrupación de Cazadores de Gran Canaria), y el Guarda Particular del
Campo.
- Contrato de arrendamiento de servicio de seguridad privada, celebrado entre la
persona física o jurídica demandante del servicio (Agrupación de Cazadores de Gran
Canaria), y el Guarda Particular del Campo que cuente con la condición de
trabajador autónomo o trabajador por cuenta propia.
Por lo anterior, este Servicio considera que la Agrupación de Cazadores de Gran
Canaria puede contratar a guardas particulares del campo para la prestación de
servicios de vigilancia y protección.
- RESPECTO DE LA TERCERA CUESTION:
El Cabildo quiere que estos guardas no pertenezcan a empresas de seguridad
sino que sean personas preseleccionadas que estén en posesión de la titulación
necesaria.
Como adelantábamos en la pregunta precedente, el artículo 18.C) de la Ley de
Seguridad Privada, permite que los guardas particulares del campo presten su
servicio sin estar integrados en empresas de seguridad; lo que les permite
desarrollar su actividad por cuenta propia, es decir, como trabajadores autónomos; y
también por cuenta ajena, es decir, como trabajadores dependientes y encuadrados
en una Empresa de Seguridad, o, como trabajadores dependientes de aquellos
propietarios, usufructuario o arrendatarios rurales que les contraten.
De la misma forma, el artículo 40 de la Ley de Caza de Canarias en relación con el
artículo 80 de su Reglamento, permite la contratación de guardas de caza sin que
los mismos estén encuadrados en una Empresa de Seguridad.
Por lo anterior, no existe inconveniente en que los guardas particulares del campo
que presten servicio en la Comunidad Autónoma de Canarias no pertenezcan a una
Empresa de Seguridad.
- RESPECTO DE LA CUARTA CUESTION:
¿Pueden pedir la documentación e identificar al infractor? ¿Qué ocurriría si
el infractor se niega a identificarse?
De acuerdo con el artículo 94 del Reglamento de Seguridad Privada en relación con
su artículo 71, los guardas particulares del campo podrán efectuar controles de
identidad en el acceso o en el interior de fincas rústicas o de caza, sin que en ningún
caso puedan retener la documentación personal.
Por lo anterior, en el interior de los lugares donde los guardas particulares del campo
desempeñen sus funciones de vigilancia y protección de la propiedad, podrán
efectuar controles de identidad y solicitar a quien en ellos se encuentren documentos
como los que a continuación se citan:
- Documento Nacional de Identidad
- Guía de pertenencia del arma
- Licencia de armas
- Permisos administrativos expedidos por los cabildos insulares.
- Licencia de caza o pesca
Asimismo, señalar que la negativa a identificarse o, en su caso, la no presentación
de la oportuna licencia de caza siendo titular de la misma, supone, de conformidad
con el artículo 47 de la Ley de Caza de Canarias, la comisión de una infracción leve.
A su vez, el Guarda Particular del Campo puede también requerir la presencia de la
patrulla de la Guardia Civil, ante la negativa de la persona a identificarse.
- RESPECTO DE LA QUINTA CUESTION:
¿Qué mecanismos tienen los guardas de caza para ejercer su autoridad?
Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada, el personal de Seguridad
Privada pierde formalmente la consideración de Agente de la Autoridad.
Es por ello, que el valor probatorio de sus actuaciones y de las denuncias
administrativas formuladas con ocasión de las mismas no tienen, por sí mismas,
presunción de veracidad.
La ausencia de veracidad apuntada exige, para que el Guarda no pierda autoridad
en el desarrollo de sus cometidos, que la elaboración de su denuncia vaya
cumplimentada correctamente y acompañada, si fuera posible, de medios de prueba
que ayuden a desvirtuar el principio de presunción de inocencia del infractor.
Por lo anterior y en la intención de evitar la pérdida de autoridad del Guarda
Particular del Campo en el ejercicio de sus funciones, sus denuncias debieran
cumplir unos requisitos mínimos como los que a continuación se numeran:
- Lugar, fecha y hora en la que se produjeron los hechos que se denuncian. El lugar
se describirá con la mayor exactitud posible.
- Redacción del hecho cometido con la mayor exactitud posible y norma que, el
Guarda, considera que pudiera haberse incumplido.
- Nombre, apellidos, DNI y otros datos personales como domicilio, edad, etc. de las
personas que, a juicio del Guarda, hayan cometido la infracción. Es conveniente,
además, una descripción del tipo de vestimenta y otras circunstancias que ayuden a
una mejor identificación de denunciado.
- Enumeración y descripción de los elementos, armas, útiles, vehículo, cartuchos
vacíos, morrales, envoltorios, prendas de ropa que hayan encontrado y que se
hayan utilizado para cometer la infracción.
- Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, dirección y firma de los testigos que
pudieran haber observado la infracción, por ejemplo algún empleado de la finca. La
presencia de algún testigo es un dato fundamental para derrumbar la presunción de
inocencia del supuesto culpable.
- Nombre, apellidos, DNI, número de teléfono, dirección y Tarjeta de Identidad
Profesional del Guarda o guardas intervinientes. Es muy conveniente, como ya ha
quedado recogido en párrafo anterior, que cuando el Guarda denuncie al supuesto
infractor vaya acompañado de un testigo para que la denuncia tenga un mayor peso
probatorio.
La cumplimentación de las denuncias con los requisitos expuestos evitaría, en gran
medida, que la autoridad competente archivara el procedimiento sancionador y, al
mismo tiempo, dotaría al Guarda de un mayor respeto y autoridad en el ejercicio de
su función.
- RESPECTO DE LA SEXTA CUESTION:
¿Podrían retirar el arma del infractor en caso de que la infracción conllevara tal
retiro?
El Real Decreto 137/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Armas, en sus
artículos 148, 166 y 167, establece que únicamente la Autoridad y sus Agentes, en
uso de sus facultades, serán los encargados de intervenir las armas cuando se
hubiere cometido una infracción al ordenamiento jurídico o, en su caso, pudiera
cometerse.
Por consiguiente, y toda vez que el personal de Seguridad Privada (guardas
particulares del campo y sus especialidades), no cuentan con el carácter de Agente
de la Autoridad, sino con la especial cualidad de auxiliar a los mismos, como es el
caso de los guardas de caza creados por la Comunidad Autónoma de Canarias,
(artículo 1.4 de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada y artículo 81.1 de la Ley de
Caza de Canarias), no podrán retirar las armas de aquellas personas que hubieren
cometido una infracción administrativa.
No obstante lo anterior, si la infracción cometida fuera calificada como un delito, en
concreto y por tratarse de la materia objeto de análisis, como un delito contra los
recursos naturales, el medio ambiente, la flora y la fauna (artículos 325 y siguientes
del Código Penal), los guardas particulares del campo, en su especialidad de
Guarda de Caza, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los
instrumentos, efectos y demás pruebas de los supuestos delitos, todo ello a tenor de
lo dispuesto en los artículos 71.d), 76.2 y 94.f) del Reglamento de Seguridad
Privada.
- RESPECTO DE LA SÉPTIMA CUESTION:
¿Pueden formular denuncias en relación con la caza? En caso positivo, donde
remitirían esas denuncias?
En atención a lo dispuesto en los artículos 92 y 94.c), del Reglamento de seguridad
Privada, los guardas particulares del campo tienen la obligación de denunciar todas
aquellas infracciones que, calificadas en el ámbito penal o administrativo, observen.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias plenas en
materia de caza en virtud de lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía. A tal fin se
promulga la Ley 7/1998, de Caza de Canarias, cuyo artículo 44.2, en relación con el
artículo 82 del Decreto 42/2003, que desarrollo la precitada Ley 7/1988, recoge que
los Cabildos Insulares son los órganos competentes para el ejercicio de la potestad
sancionadora en materia de caza.
Consecuente con lo expuesto, este Servicio entiende que las denuncias que
formulen los Guardas Particulares del Campo y que se encuentren tipificadas como
infracciones administrativas a la Ley de Caza de Canarias, deben ser dirigidas a los
Cabildos Insulares, sin perjuicio de que también pueden presentarse en cualquier
dependencia de la Guardia Civil para su remisión a dicho Órgano.
No obstante lo anterior, señalar si se diera el caso que el Guarda Particular del
Campo que en el ejercicio de sus funciones presenciara un ilícito penal (delito o
falta), deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad –en este caso ante la Guardia Civil, por ser el ámbito predominantemente
rural donde desarrollan sus funciones los Guardas Particulares del Campo-.
- RESPECTO DE LA OCTAVA CUESTION:
¿Podrían llevar armas para la ejecución del servicio? En caso positivo, ¿qué tipo
de armas serían y a quién tendrían que pedir autorización para realizar el servicio
con armas?
El artículo 93.3 del Reglamento de Seguridad Privada, autoriza a que los servicios
prestados en terrenos cinegéticos por guardas particulares del campo en su
especialidad de guardas de caza, puedan realizarse con armas.
Es por ello que, en principio, la prestación de servicios de vigilancia y protección,
realizada por los guardas particulares del campo en su especialidad de caza, en
terrenos cinegéticos no precisa obtener expresa autorización.
El tipo de arma con el que los guardas de caza debe prestar su servicio será el arma
larga rayada de repetición, de conformidad con lo dispuesto en el apartado vigésimo
octavo de la Orden Ministerial de 07/07/1995, en relación con la Orden de 30 de abril
1998; y cuando existan circunstancias extraordinarias que desaconsejen el uso de
las citadas armas largas, podría utilizarse el revolver calibre treinta y ocho especial o
la escopeta del calibre doce, de repetición; previa autorización de la Dirección
General de la Policía y de la Guardia Civil.
Asimismo, reseñar que de acuerdo con el artículo 81.8 del Reglamento de Caza de
Canarias, los guardas de caza habilitados por el respectivo Cabildo Insular no
podrán prestar su servicio con armas de fuego.
- RESPECTO DE LA NOVENA CUESTION:
¿Cuál sería la colaboración que debería existir entre estos guardas de campo y el
puesto de la Guardia Civil así como con el Seprona?.
Los guardas particulares del campo, en sus diferentes especialidades, tienen la
expresa obligación de prestar auxilio y colaboración no solo con la Guardia Civil –
agentes de rural y especialidades-, sino con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
su conjunto.
Todo ello, de conformidad con el artículo 1.4 de la Ley de Seguridad Privada en
relación con el artículo 66 de su Reglamento de desarrollo.
A su vez, la Dirección General del Cuerpo tiene aprobado un Plan General de
Colaboración con el Sector de la Seguridad Privada, donde hay previsto unos
canales de comunicación específicos para con los Guardas Particulares del Campo
y sus distintas especialidades.
- RESPECTO DE LA DÉCIMA CUESTION:
…sería conveniente disponer de una enumeración de las funciones de los
guardas particulares del campo, ya que el Cabildo de Gran Canaria pretende
utilizar a este personal no solo para labores de vigilancia sino también para otras
labores relacionadas con la gestión cinegética.
Las funciones de los guardas particulares del campo, en su especialidad de Guarda
de Caza, que presten servicio en la Comunidad Autónoma de Canarias deben
limitarse, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Seguridad Privada en relación
con el artículo 92 de su Reglamento, a las funciones de vigilancia y protección de la
propiedad custodiada.
Por lo anterior, el personal de Seguridad Privada únicamente podrá realizar
funciones de vigilancia y protección; sin que puedan éstas simultanearse con otras
de naturaleza cinegética y referidas, por ejemplo, a la repoblación de las diferentes
especies, a la ejecución y/o seguimiento de planes comarcales y/o técnicos, etc; en
definitiva, a la gestión del medio ambiente.
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En relación con una cuestión, formulada por una Asociación de guardas, respecto
del ámbito funcional de los guardas particulares del campo, en concreto, si la
competencia para la vigilancia y protección de los terrenos privados en los que se
encuentren instalados molinos aerogeneradores de energía corresponde a los
guardas particulares del campo; se señalan las siguientes consideraciones:
Para dar una respuesta concreta a cada una de las preguntas planteadas, a
continuación se transcriben las mismas.
- RESPECTO DE LA PRIMERA PREGUNTA:
¿La competencia en la vigilancia de estas construcciones está claramente
delimitada a los Guardas Particulares del Campo?
El artículo 18 de la Ley de Seguridad Privada atribuye a los guardas particulares del
campo las funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural.
Por su parte, el artículo 92 del Reglamento de Seguridad Privada dispone que los
guardas particulares del campo, en sus distintas modalidades, ejercerán las
funciones de vigilancia y protección de la propiedad:
a) En las fincas rústicas.
b) En las fincas de caza, en cuanto a los distintos aspectos del régimen cinegético.
c) En los establecimientos de acuicultura y zonas marítimas protegidas con fines
pesqueros.
Por cuanto antecede, y toda vez que el articulado expuesto hace una reserva
competencial en favor de los guardas particulares del campo para que sus funciones
sean prestadas en el ámbito rural, este Servicio considera que los citados guardas
podrán prestar servicio de vigilancia y protección de la propiedad rural en la que se
encuentren construcciones o aerogeneradores de energía.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Los vigilantes de seguridad pueden realizar también este tipo de vigilancia en
función de sus competencias?
Si bien lo expuesto en la respuesta anterior, este Servicio considera, de acuerdo con
criterio de la Secretaría de Estado de Seguridad en Informe Técnico del mes de julio
de 2004 y relacionado con una cuestión similar a la planteada, que aun cuando las
funciones del Guarda Particular del Campo alcancen la vigilancia y protección de la
propiedad rural en la que pudieran existir construcciones, aerogeneradores de
energía u otros elementos o bienes, ello no impide que las mencionadas funciones
puedan prestarse, igualmente, por vigilantes de seguridad; toda vez que, entre las
funciones a prestar por los mencionados vigilantes de seguridad, no se encuentra
excluida la vigilancia y protección de un campo en el que existan aerogeneradores;
cuya instalación contará, probablemente, con sistemas de seguridad activos y
pasivos que ayuden a proteger la maquinaria alojada en los mencionados campos.
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En relación a determinadas cuestiones planteadas por una Asociación de Guardas
de Caza relacionadas con el ámbito funcional de los guardas particulares del campo
y sus especialidades, a continuación se señala lo siguiente:
- RESPECTO DE LA PRIMERA PREGUNTA:
¿Cuándo un guarda, se encuentra en situación de riesgo para su integridad física,
podría un segundo guarda de un zona limítrofe acudir, para colaborar con el
primero y garantizar la integridad física del mismo?
En caso de socorro, somos conocedores de la obligación del deber de socorro,
pero la consulta se anticipa a este supuesto y se busca el evitar el mismo...
Efectivamente y como recoge el comentario reflejado en la pregunta, todas las
personas tienen el deber de socorrer a aquellas otras que se encuentren en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio o de terceros.
En este sentido y de acuerdo con el artículo 195.1 del Código Penal, la omisión del
deber de socorro es un delito castigado con penas de multa de tres a doce meses.
De otra parte y de conformidad con el artículo 92 y siguientes del Reglamento de
Seguridad Privada, destacar que fuera de los supuestos previstos en los párrafos
precedentes y en aquellos otros en los que pudieran existir razones humanitarias, un
Guarda Particular del Campo no podrá intervenir en el exterior del terreno objeto de
su protección.
- RESPECTO DE LA SEGUNDA PREGUNTA:
¿Sería viable y posible, que guardas de zonas limítrofes y de distintos pagadores,
acudieran a la realización de servicios especiales, organizados y desarrollados
por los servicios propios de la administración autonómica, siempre y cuando
existiera acuerdo entre los pagadores, los guardas y en último caso fueran
reclamados por los servicios de la Xunta (comunidad autónoma)?
La normativa de seguridad privada no prevé la realización de servicios especiales u
organizados entre distintas personas, físicas o jurídicas, para la vigilancia y
protección de la propiedad a custodiar.
Es por ello que a juicio de esta Unidad, los servicios deben prestarse de acuerdo con
los pactos alcanzados entre el demandante del servicio y el Guarda Particular del
Campo o Empresa de Seguridad con quien se contrate el mencionado servicio; sin
que puedan existir acuerdos entre terceros que articulen prestaciones de servicio de
manera conjunta u organizada y que permitan atender necesidades en terrenos
ajenos al custodiado por el Guarda.
- RESPECTO DE LA TERCERA PREGUNTA:
La obligación de colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, ya
viene determinada en la legislación propia sobre seguridad privada…, pero no
somos conocedores de hasta donde es un deber o una obligación;…
consideramos que sería bueno, que siempre que exista la voluntad entre todas las
partes (los pagadores, los guardas, la Xunta y las cofradías), se debería de
entender como una obligación…
De acuerdo con el contenido recogido en el artículo cuarto de la Ley Orgánica
2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concordancia con el artículo 1.4 de
la Ley de Seguridad Privada y artículo 66 de su Reglamento desarrollo, el personal
de seguridad privada -guardas particulares del campo y sus especialidades-, tiene la
“especial obligación” de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio
de sus funciones y de prestarles su colaboración.
Es por ello, que no deben admitirse ambigüedades en este extremo, pues el
articulado descrito desvela con precisión que la colaboración es una obligación
exigida por la norma, al personal de seguridad privada en el ejercicio de su función
frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en términos imperativos.
Además, es necesario destacar que la negativa a prestar auxilio o colaboración a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el personal de seguridad privada es una
infracción muy grave, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo
22.1.g), de la Ley de Seguridad Privada, en relación con el artículo 151.5 de su
Reglamento.
Por su parte, recordar igualmente que de acuerdo con el artículo quinto de la Ley
Orgánica 2/1986, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen, como principio básico
de actuación, el deber de auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las
circunstancias lo aconsejen y fueran requeridos para ello; motivo por el que cuando
un Guarda Particular del Campo necesite la ayuda de las citadas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad debe solicitarla y, en su caso, ser prestada.
Finalmente y con independencia de lo expuesto, este Servicio coincide con el criterio
de esa Asociación en aquellos extremos referidos a la colaboración que debe existir
entre todos los sectores que componen el servicio de guardería; siendo deseable
que se aúnen voluntades entre pagadores, cofradías y guardas particulares del
campo para mejorar e implementar la vigilancia y protección de las zonas objeto de
custodia; si bien, la mencionada colaboración entre los sectores citados no podrá ser
exigida ante la ausencia de previsión normativa que así lo prevea; a salvo, claro
está, la necesidad genérica de intervenir cuando una persona se encuentre en
peligro manifiesto y grave.
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